Madrid. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, el próximo 6 de febrero en Barcelona, aunque todavía queda por determinar el lugar concreto y la hora de ese encuentro.
Así lo ha adelantado este martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que ha reconocido que, pese a la pérdida de su escaño, es "obvio" que Torra es a día de hoy presidente de la Generalitat y que aún no hay ninguna resolución judicial que lo desdiga.
La fecha de ese encuentro entre Sánchez y Torra se conoce después de que la Mesa del Parlamento de Cataluña ratificara ayer la pérdida del acta de diputado del president en aplicación de la reciente resolución del Tribunal Supremo sobre su inhabilitación.
Este lunes, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ya dejó claro que a pesar de que Torra ha perdido su escaño sigue siendo presidente de la Generalitat y sigue siendo el interlocutor del Gobierno.
"El president no es parlamentario pero es president, esa es la ley", subrayó Calvo, que adelantó que el Ejecutivo seguiría dialogando con los cargos "legales y legítimos" para resolver los problemas del país.
Por su parte, Montero ha reconocido que si antes del 6 de febrero se presentan novedades que se desaconsejan la reunión, "se pospondría".
En el caso de que no haya retrasos se convocará inmediatamente la reunión entre gobiernos prevista en el acuerdo de investidura entre el PSOE y ERC.
La portavoz se ha mostrado convencida de que el diálogo es la "clave" para resolver un problema "que lleva demasiado tiempo"
Montero ha explicado que tras la primera reunión con Torra en Barcelona, Sánchez proseguirá en los próximos meses con una ronda con el resto de presidentes autonómicos con visitas a cada una de las comunidades.
Asimismo, es intención de Sánchez reabrir el diálogo con las fuerzas políticas para afrontar la renovación de órganos constitucionales pendientes como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como abrir el debate en el Pacto de Toledo sobre el futuro de las pensiones.