madrid - A menos de diez días de que se cumpla el plazo que se ha dado el Gobierno español en funciones para exhumar al dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, se aclara cada día más si cabe la viabilidad de los planes del Ejecutivo de Pedro Sánchez: ayer lo avalaron el Tribunal Constitucional, el de Derechos Humnanos de Estrasburgo y el juez José Yusti.

De este modo, de todos los intentos de la familia Franco y de la Fundación Francisco Franco por retrasar lo máximo posible la exhumación, tan solo queda vivo uno: un último recurso ante el Tribunal Supremo con petición de suspender de forma cautelarísima la exhumación. Pero el alto tribunal ya ha fallado en varias ocasiones y lo ha hecho siempre de forma rotunda en contra de los intereses de la familia, de la Fundación y de la Abadía del Valle de los Caídos, con lo que son remotas las posibilidades de que ahora lo haga en sentido contrario.

Tan remotas como lo eran las de que el Tribunal Constitucional accediera a la pretensión de los nietos del dictador de frenar la exhumación hasta la resolución de su recurso por una supuesta vulneración de los derechos fundamentales. El tribunal de garantías ni siquiera ha admitido el recurso ante la “manifiesta inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales alegados”, lo que hace “innecesario un pronunciamiento expreso sobre la medida cautelarísima” solicitada. El Constitucional avala la decisión del Gobierno de Sánchez. No es “ni injustificada, ni arbitraria, ni en suma contraria al principio general de igualdad” y se hace en cumplimiento de la previsión establecida en la Ley 52/2007. Más complicada aún era la vía de Estrasburgo abierta por la Fundación Nacional Francisco Franco. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se ha negado a paralizar la exhumación y ha recordado a los demandantes que tienen opción de presentar una queja si consideran que se han violado sus derechos humanos.

El otro frente que se cerró ayer es el del juez José Yusti Basterreche, titular del Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid, que tenía desde hace meses suspendida la licencia que dio el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) para acometer las obras necesarias para el desenterramiento. A Yusti no le quedaban más opciones después de que el Supremo sentenciara el 30 de septiembre que no hace falta licencia de obras para dar cumplimiento al acuerdo del Consejo de Ministros y que la sentencia del Alto Tribunal es aval suficiente. Ayer, 18 días después, el juez aceptó en un auto que su causa debe decaer. Eso sí, contra su decisión aún cabe recurso ante el mismo juzgado o ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El prior de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, tiene “el derecho y el deber” de estar presente durante la exhumación, según aseguran fuentes de la Abadía del Valle de los Caídos. Las mismas fuentes precisan que “la comunidad benedictina recibió la custodia de los restos mortales” de Franco por lo que el prior “debe” estar presente. Además, añaden que el dictador tiene “derecho a un responso”.

La familia Franco ha pedido formalmente al Gobierno que se pueda celebrar un oficio religioso presidido por el prior en la Basílica del Valle de los Caídos, en el momento de la exhumación. También pide que se celebre una misa en el momento de la inhumación en el cementerio de Mingorrubio, y solicita que las dos ceremonias las oficie el prior de la Abadía del Valle de los Caídos, Santiago Cantera. Por el momento, el Gobierno ha accedido a que se pueda celebrar una misa “breve e íntima” en el momento de la inhumación. - DNA