Madrid - No fueron pocas las voces antes de la frustrada investidura de Pedro Sánchez que instaron al Ejecutivo español a que ideara una fórmula para entregar a las comunidades autónoma las cantidades pendientes. Una vez que ayer se supo que Hacienda actualizará esa financiación antes del 10-N se desató otra gran bronca política al acusar de electoralismo al presidente en funciones y hasta, según el PP, de “comprar” el voto en plena campaña. El Ministerio Público desbloqueará en los próximos diez días 4.500 millones de euros a las Administraciones territoriales por la mejora de la recaudación del IRPF, el IVA y los impuestos especiales durante este año, según adelantó El País, algo que para el líder popular, Pablo Casado, supone “comprar voluntades electorales con ese dinero”.

El presidente del PP censuró el giro del Gobierno socialista recordando la existencia de un informe de la Abogacía del Estado que juzga imposible el desbloqueo de estos fondos y reprochó al Gabinete socialista por cambiar de opinión por el simple hecho de que haya elecciones. Es “un paso más en la instrumentalización de las instituciones y los recursos públicos para hacer campaña” electoral”, consideró Casado, evocando que “se ha hecho con el CIS, con la televisión pública, con los reales decretos, se amenaza con hacerlo con las pensiones y ahora con las entregas a cuenta a las autonomías para pagar la sanidad, la educación y los servicios sociales”, enumeró el líder de Génova 13, para quien con esta decisión ya “se están cruzando líneas que no se habían cruzado antes en democracia”. Críticas a las que se unió el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El primero de ellos sostuvo que “Sánchez ha mentido a los castellanos y leoneses poniendo en riesgo la calidad de los servicios públicos”. “Primero asfixian, luego chantajean y ahora, que vienen elecciones, nos dan limosna”, declaró a través de su Twitter Ayuso.

Desde Ciudadanos, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, también aludió a la cuestión para recriminar a Sánchez que se esté “riendo de los españoles y de las comunidades. No hemos recibido ninguna comunicación y lo primero que hacen es acudir a los medios de comunicación. No nos parece ni responsable ni lógico que se intente hacer campaña electoral con el dinero que se les da a las comunidades autónomas”, dijo.

Al parecer, Hacienda habría visto un resquicio legal que le permitiría el abono de estas cantidades, fundamentado en el hecho de que el informe de la Abogacía se referiría al periodo temporal de este año, mientras que con la convocatoria de elecciones para el 10-N es muy poco probable que se vaya a constituir un Gobierno antes de que acabe 2019. Con los plazos actuales, y dado que estos pagos se corresponden con este ejercicio, los abonos deberían efectuarse antes del 15 de diciembre, El Ejecutivo actual puede alegar que su abono no condicionará la actuación del próximo Gobierno, que se formará en todo caso en 2020.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se limitó ayer a garantizar que el Gobierno “no utiliza las instituciones” para hacer campaña electoral y a remarcar que “somos un Ejecutivo que trabaja para resolver los problemas de la gente y generar oportunidades”, replicando a Casado.