La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial salió ayer en defensa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, y lo hizo además con contundencia, denunciando el “ataque planificado” a su independencia desde Bélgica. El magistrado había pedido el amparo del CGPJ después de que un magistrado belga atendiera la petición de los políticos catalanes encausados por el Supremo y citara a Llarena a declarar en Bruselas el próximo 4 de septiembre por su supuesta “falta de imparcialidad”.
En una dura declaración institucional, la Permanente del órgano de gobierno de los jueces ve “difícil considerar que pueda existir una actuación que vulnere de forma más flagrante y burda la independencia de un magistrado español” que la demanda civil que el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers huidos a Bélgica -Toni Comín, Meritxell Serret y Lluis Puig- y a Escocia -Clara Ponsatí- interpusieron en junio contra Llarena, a quien acusan de vulnerar su presunción de inocencia. “Cuando se cuestionan de tal modo los actos llevados a cabo por el magistrado, se cuestiona también la esencia misma de nuestro Estado de Derecho, atacándose la independencia judicial como pilar fundamental de un Estado democrático”, añadieron los jueces españoles.
En todo caso, poco más puede hacer el CGPJ más allá de mostrar su opinión mediante la nota emitida, como confirmaron de forma unánime las asociaciones de jueces del Estado, por cuanto este órgano carece de potestad para forzar a otro a modificar sus resoluciones.
Llarena lanzó la pelota al tejado del CGPJ pese a que el juez decano de Madrid, Antonio Viejo, ya había rechazado tramitar la petición de las autoridades belgas para advertir a Llarena de su citación. Lo hizo apelando a un Reglamento del Consejo de la Unión Europea que exceptúa la obligación de tramitar este tipo de notificaciones entre países miembros cuando “afectan a la responsabilidad del Estado en el ejercicio de su autoridad”, como es el caso. La respuesta del juez decano de Madrid se refería concretamente al artículo 1 del Reglamento 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo.
un euro por “el daño causado” Los exmiembros del Govern catalán pedían que se obligue a Llarena a pagar una “multa simbólica” de un euro “para reparar el daño causado”, según explicó el 5 de junio uno de los abogados belgas de los exconsejeros, Christophe Marchant.
La demanda de Bruselas tenía el doble objetivo de persistir en la estrategia de internacionalizar el conflicto catalán y poner en cuestión la imparcialidad de la Justicia española al respecto, y de ser utilizada para recusar a Llarena ante el Tribunal Supremo, pues, explicó Comín, el hecho de tener “una causa pendiente” con “una de las partes” es “motivo suficiente” para considerar su falta de imparcialidad.
El CGPJ, por su parte, pidió ayer a los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores que actúen a través de la Abogacía del Estado “para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española”, lo que puede colocar al Estado español y a Bélgica al borde del conflicto diplomático. Concretamente, el acuerdo supone poner el asunto en conocimiento de los Ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores “para que adopten las medidas necesarias”, lo que supone colocar la pelota en el tejado de Pedro Sánchez. El CGPJ propone que la Abogacía del Estado asuma la defensa del magistrado Pablo Llarena.
