gasteiz - “El PNV pide a Pedro Sánchez que la ventanilla de la Seguridad Social en Euskadi deje de ser la Seguridad Social española y sea del Gobierno Vasco”. Las palabras ayer de Andoni Ortuzar acotan el alcance de la reclamación de la formación jeltzale cuando se refiere a la transferencia a Euskadi de la Seguridad Social. No está incluida la unidad de la caja única sino la gestión económica que contempla la prestación de servicios que solo incluye trámites y ventanillas, es decir, administración pura y dura.
El régimen económico de la Seguridad Social (SS) es una de las 37 competencias pendientes de transferir a Euskadi por parte del Estado y probablemente la más complicada técnicamente y la que mayor negociación política requerirá. El Gobierno de Sánchez parece estar por la labor de iniciar el deshielo en buena parte de las transferencias, incluida la de la Seguridad Social, aunque en este caso con el límite de la unidad de la denominada caja única y la vigilancia de todos los partidos constitucionalistas y de los sindicatos españoles.
En una entrevista concedida a TVE, el presidente del PNV llamó a “despolitizar” esta transferencia porque el esquema que defiende su partido y el Gobierno Vasco es “constitucional” y está recogido en el Estatuto de Gernika. Según señaló, son compatibles “un esquema de Seguridad Social gestionado por las autoridades vascas con uno global para el Estado español y una solidaridad entre ambos”.
Los Gobiernos vasco y español están en puertas de una negociación de las transferencias pendientes en las comisiones bilaterales anunciadas este lunes tras la reunión entre el lehendakari Iñigo Urkullu y el presidente español. En el caso de la Seguridad Social, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha señalado esta semana que “romper la caja única de la Seguridad Social es sencillamente imposible, ya que la legislación de la Seguridad Social es estatal y como mucho se podría hablar de cómo se gestiona, pero para nada quebrar la caja única”.
El PNV aspira a que Euskadi tenga la competencia exclusiva y desarrollada íntegramente por las instituciones vascas en los sistemas de relaciones laborales y Seguridad Social, cuyas cotizaciones nutren el sistema de pensiones y prestaciones. Y lo encauzaría a través del Concierto económico de modo que las cotizaciones las cobraría el Gobierno Vasco manteniendo el Cupo para el fondo de solidaridad y cooperación interterritorial.
La Seguridad Social obtiene el grueso del dinero que maneja de las cuotas que le pagan mensualmente las empresas y los trabajadores. A su caja única van a parar estas aportaciones con independencia de que el régimen de cotización sea el de un asalariado, un autónomo o un agricultor y al margen de en qué comunidad autónoma estén domiciliados tanto los trabajadores como las empresas.
De esa hucha sale el dinero que se utiliza para pagar las pensiones en virtud de un criterio de reparto común a todos los territorios y a todos los trabajadores. Ese criterio único garantiza, por un lado, la igualdad entre todos los ciudadanos (pagan sus cuotas y reciben las pensiones del mismo modo con independencia del lugar en el que viven o de la actividad que desarrollan) y, de otro, la aplicación del principio de solidaridad, porque algunos regímenes de cotización, como el agrario, y algunos territorios, como Galicia o Extremadura, no aportan lo suficiente para costear las pensiones que reciben.
Ortuzar insistió en el encaje constitucional de su planteamiento posibilista. “Estoy completamente seguro de que lo podemos hacer, pero es un tema que hay que despolitizarlo y llevarlo a la realidad, a los números y al modelo”, aseveró el burukide jeltzale para precisar que el actual modelo centralizado no funciona. Y ante la constatación de que el sistema ha quedado obsoleto, apuesta por su descentralización. Empezado por las ventanillas para el pago de pensiones.
El presidente del PNV aseguró que su formación, llegado el caso, estaría dispuesta a asumir toda la gestión de la Seguridad Social, “aunque supuestamente fuera deficitaria” para los vascos, si bien precisó que no es lo que plantea en la actualidad. Desde el Estado se ha venido afirmando que la hucha de las pensiones tendría una deuda en Euskadi de 2.500 millones de euros.
Por otra parte, Ortuzar recordó que en Euskadi existe un sistema impositivo “distinto” que le permite adecuar los impuestos a su realidad. “Los vascos, en estos momentos, pagamos bastantes más impuestos que lo que se paga en el Estado español”, apostilló.
