Valencia - Valencia, golpeada una y otra vez por la corrupción, vivió ayer un nuevo episodio de esta plaga. Pero en el punto de mira no estaba el PP, protagonista de la mayor parte de los casos de corrupción de esta Comunidad -Barberá, Camps, Zaplana, Costa...-, sino un valor al alza dentro de socialismo valenciano: Jorge Rodríguez, presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent. La operación Alquería se saldó con el arresto de Rodríguez y otras cinco personas, todos empleados de la Diputación de Valencia, entre ellos el jefe de gabinete del presidente.

La causa contra Rodríguez está abierta en el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo 2018 tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción. En concreto, se investigan irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra, antigua Imelsa, en 2015. Según fuentes del alto tribunal valenciano, el objeto de la operación es la contratación de siete altos cargos cuyos nombramientos no pasaron por el consejo de administración de Divalterra. El juez autorizó también la entrada y registro en varias viviendas particulares: la del presidente de la Diputación y las de otros investigados.

Imelsa, Amplio historial La Diputación de Valencia ha sufrido en menos de dos años y medio las detenciones de sus dos máximos responsables, Alfonso Rus (PP) y ayer Jorge Rodríguez, en sendas operaciones contra la corrupción que tienen marcado a fuego el nombre de una empresa pública ya maldito para esta institución: Imelsa, la actual Divalterra.

Con unos 700 trabajadores y dedicada a la gestión forestal y a las iniciativas de empleo local y rural en sus inicios, esta firma tiene ahora como objetivo principal “la promoción, apoyo y participación en actividades económicas, empresariales y sociales que contribuyan al desarrollo socioeconómico de los municipios de la provincia de Valencia”. Entre sus áreas figuran también la gestión del medio rural, la regeneración de zonas verdes urbanas, el medio ambiente y el turismo, todo ello enmarcado en un proyecto global del PSPV y Compromís de enterrar la Imelsa del PP con un nuevo nombre pero que ha terminado siendo investigado por varios contratos de alta dirección denunciados por Anticorrupción.

El nombre de Imelsa lleva al menos cuatro años asociados a causas judiciales. El caso tuvo su germen en el verano de 2014, cuando Izquierda Unida en Valencia llevó a Anticorrupción unas grabaciones efectuadas durante años por el exgerente de Imelsa y autodenominado yonqui del dinero, Marcos Benavent, que su suegro desveló tras un conflicto familiar. Sin embargo, no fue hasta el 26 de enero de 2016 cuando las detenciones evidenciaron la existencia de indicios de corrupción en una red mucho más extensa de lo sospechado inicialmente e Imelsa pasó a acaparar titulares a nivel nacional, especialmente con el arresto de Rus, uno de los políticos más mediáticos del PP.

El caso Imelsa, que tuvo su origen en una operación policial denominada Taula, ha dejado a su paso un reguero de sospechas e imputados en las filas del PP que prácticamente han invisibilizado a esta formación en el Ayuntamiento de la capital y la Diputación de Valencia. Con el avance de la investigación se ha ido desenvolviendo una madeja que ha alumbrado una historia de billetes escondidos tras cuadros, amenazas, grabaciones escandalosas, traiciones y lealtades fracturadas que han acabado con el PP dirigido por una gestora y la caída del imperio de intereses que Rus tejió en la provincia de Valencia. - DNA