MÓSTOLES. El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, ha propuesto al profesor Pablo Acosta Gallo para dirigir temporalmente el Instituto de Derecho Público (IDP), tras la suspensión cautelar del catedrático Enrique Álvarez Conde por las supuestas irregularidades del máster de Cristina Cifuentes.

Acosta Gallo, que es doctor en Derecho por esta misma universidad y está especializado en Derecho a la Salud y en Gestión Administrativa Pública, entre otras, asumirá "provisionalmente" las funciones de la dirección del IDP, según se ha acordado en el Consejo de Gobierno de la universidad celebrado esta mañana.

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid en 1986, Acosta Gallo es profesor de Derecho Administrativo en la URJC desde 2004 y forma parte del consejo del Instituto de Derecho Público (IDP) que impartió el máster en el que se matriculó la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Por su parte, Álvarez Conde ha sido el director de este Instituto desde su creación, a finales de diciembre de 2011, y hasta sus suspensión cautelar, acordada por el Consejo de Gobierno de la URJC el pasado 6 de abril debido a sus responsabilidades en el caso del máster de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes.

Álvarez Conde tendría que haber iniciado semanas atrás un nuevo mandato como director de este Instituto, al ser la única candidatura presentada, pero su elección se pospuso tras desvelarse las posibles irregularidades que rodean el curso de posgrado en el que se matriculó la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El nuevo responsable del IDP, Pablo Acosta, imparte actualmente las asignaturas de Derecho Administrativo, Derecho Administrativo del Turismo y Deontología profesional y legislación sanitaria en los grados de Derecho y Medicina y en los dobles grados de Administración y Dirección de Empresas y Derecho; Contabilidad y Finanzas y Derecho, y Turismo y Administración de Empresas.

También ha formado parte de tres equipos de investigación, entre ellos el dirigido por el catedrático Manuel Villoria bajo el título "El marco institucional de lucha contra la corrupción en España. ¿Está siendo eficaz la represión de la corrupción en España?", que finalizó en 2016.