MADRID - La presión contra el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no cesa. En el ojo del huracán por asegurar que “ni un solo euro” de dinero público sirvió para sufragar el referéndum del 1 de octubre, aunque esas declaraciones fueran rectificadas posteriormente por sendos informes remitidos por la Guardia Civil al Tribunal Supremo, Montoro se ha situado entre la espada y la pared. Con Ciudadanos como principal ariete, y a pesar de la numantina defensa que sobre su labor vienen realizando diferentes portavoces del PP, lo cierto es que deberá dar explicaciones próximamente por no detectar una presunta malversación de fondos. Y, lo que es peor, el caso puede desembocar en una reclamación similar para el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Ciudadanos sigue exigiendo que Montoro dé explicaciones, una reclamación que hacen extensible a la figura de Rajoy. Ayer fue su portavoz en el Parlament quien se sumó al coro de voces del partido naranja para que el titular de Hacienda y el presidente comparezcan cuanto antes. “Es urgente” que Rajoy y Montoro lo hagan, sentenció, ya que existen “evidencias de que el 1 de octubre se podría haber cometido malversación de fondos públicos”. “Se han generado facturas para pagar el 1-O mientras Rajoy y Montoro -la Guardia Civil calculó que el monto de la malversación rebasaría los 1,9 millones de euros- nos garantizaban que no se gastaba dinero público en un referéndum ilegal”, alertó el dirigente del partido presidido por Albert Rivera, quien esta misma semana amagó con pedir dimisiones en el Ejecutivo del PP si finalmente se acredita judicialmente por parte del magistrado Pablo Llarena, que lleva el caso del procés independentista en el Supremo, que la Generalitat se sirvió de dinero público para llevar la consulta a buen puerto aún y cuando estaba intervenida por la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Que lo hiciera por la vía de los gastos de la propia administración catalana o de las inyecciones económicas de liquidez desde el Fondo de Liquidez Autonómica parece ser lo de menos para Ciudadanos.

En un principio, Montoro se felicitó por tener oportunidad de enviar los informes de Hacienda a Llarena, si bien la polémica por sus palabras de que no se destinó dinero público al 1-O le ha estallado. El PP, por el contrario, sigue defendiendo a capa y espada al titular de Hacienda. Ayer lo hizo el portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando, que señaló a Ciudadanos que el “enemigo” en España no es el Partido Popular ni Montoro, “El adversario son los independentistas, como el enemigo fue la ETA”, remarcó para posteriormente afirmar que “Montoro fue el primero” que denunció a los independentistas por malversación de fondos públicos, respondió.

explicaciones Compañero en el gabinete de Rajoy, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, también echó un capote al ministro de Hacienda. Catalá avanzó que Montoro dará “explicaciones pormenorizadas”. No en vano, la administración dispone de mecanismos de control suficientemente acreditados como para determinar si se usó dinero público. “Otra cosa es si antes de que el Ministerio de Hacienda pusiera ese sistema se han podido desviar fondos de manera ilícita y es lo que investiga un juez”, puntualizó en una entrevista en La Razón.

A esa tesis se abona el delegado del Gobierno español en Catalunya, Enric Millo, aunque mostrara más dudas que Catalá en cuanto a las fórmulas que la Generalitat, entonces en manos de Carles Puigdemont, pudiera haber usado para costear el referéndum. “Formalmente” no constaría que el Govern destinara dinero público al 1-O, pero Millo aseveró que existen muchos métodos para malversar, como pudieran ser “las falsificaciones o los gastos camuflados”. “De algún sitio han salido” los costes de la consulta, afirmó en una entrevista en La Vanguardia. “Hay muchas maneras de malversar. Por ejemplo, se puede hacer una factura para comprar ordenadores y haber comprado las urnas, o falsificar una factura”, señaló para concluir que “el ministerio no está para hacer investigaciones policiales ni judiciales”.

“Si Hacienda tiene un documento firmado por el interventor de la Generalitat que dice que el dinero se ha gastado en aquello que estaba previsto, el ministro se tiene que fiar”, remarcó Millo. Asimismo, se mostró convencido de que la cuestión “se investigará”.