madrid - El Ministerio del Interior aplicará la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley mordaza, a los manifestantes independentistas que el martes forzaron el cordón policial que rodeaba el Parlament e insultaron a diputados de C’s y otros partidos después de que el presidente de la Cámara, Roger Torrent, aplazara la sesión de investidura de Puigdemont. El Gobierno español se decanta por sancionar esta protesta, lo que puede acarrear multas de entre 601 y 30.000 euros. Además, según avanzó ayer La Vanguardia, la Fiscalía podría llevar a la Audiencia Nacional este caso si llega a la conclusión de que encaja en el artículo 497 del Código Penal, que establece que “incurrirán en la pena de prisión de seis meses a un año quienes, sin ser miembros del Congreso, del Senado o de una asamblea legislativa de comunidad autónoma, perturben gravemente el orden de sus sesiones; cuando la perturbación del orden de las sesiones a que se refiere el apartado anterior no sea grave, se impondrá la pena de multa de seis a doce meses”.

La Fiscalía espera el informe de los Mossos para tomar una decisión, aunque las condenas, inferiores a dos años, no implicarían el ingreso en prisión si no se tienen antecedentes. Si decidiera que es un caso de meros desórdenes públicos, acabaría en los Juzgados de Barcelona. Las acciones judiciales, además, podrían dirigirse también contra los promotores, ANC y los comités de defensa de la república.

El anuncio del Ministerio del Interior llegó el día en que C’s acusaba al Gobierno español de haberse visto “superado” por las protestas aunque tenga ahora el control de los Mossos d’Esquadra. Por ello, pedirá explicaciones al ministro, Juan Ignacio Zoido. El ministro expuso ayer a los diputados del PP su intención de sancionar las protestas. La Ley de Seguridad Ciudadana contempla como falta grave, sancionada con entre 601 y 30.000 euros, “la perturbación grave de la seguridad ciudadana en manifestaciones frente al Congreso, el Senado y asambleas autonómicas aunque no estuvieran reunidas”, o “la desobediencia o la resistencia a la autoridad, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes”. Fuentes policiales explicaron ayer que ya se están revisando vídeos de la actuación de los Mossos después de que un grupo de manifestantes se saltara el cordón policial. La ley es aún más gravosa si se determina que se ha cometido una falta muy grave, sancionada con entre 30.001 y 600.000 euros, como “las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad, así como la intrusión en los recintos”. La primera infracción que se contempla es la “falta de respeto” a la autoridad. Además, también se podría haber incurrido en el ilícito de la “remoción de vallas, encintados u otros elementos”. El PP habló ayer de 24 heridos entre manifestantes y Mossos.

El presidente del grupo de JxCat y exlíder de la ANC, Jordi Sànchez, censuró ayer desde la prisión a los independentistas que increparon a diputados: “Nunca más increpar a los representantes del pueblo, por más distantes y críticos que sean con el independentismo”, dijo en un tuit. Desde C’s, Albert Rivera no pudo comprender que “mil personas pongan en jaque al Parlament”. En la cadena Cope, se preguntó “quién hace el dispositivo de los Mossos”, en alusión a Zoido. - E.P.