pamplona - El Gobierno foral y las fuerzas del cambio van a poner en marcha en los próximos días una comisión especial para explorar qué cantidad de los 215 millones que Navarra se reembolsará tras la liquidación del Convenio Económico con el Estado puede destinarse a inversión pública, y no a la amortización de la deuda. La idea es tratar de dar con una fórmula que permita esquivar en la medida de las posibilidades las obligaciones jurídicas impuestas tras la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución (impulsada por el presidente Zapatero en 2011 y refrendada después por el PP), y aprovechar al máximo los resquicios que ofrezca la norma para, sin transgredir la regla de gasto, devolver al Presupuesto público un dinero que en origen se hubiese podido destinar a inversión.
Porque los 215 millones de sobrepago que volverán a Navarra tras la liquidación del Convenio hubiesen sido gasto ordinario en 2015, 2016 y 2017 de no haberse arrastrado un retraso en la actualización del año base del quinquenio desde el 31 de diciembre de 2014 hasta hace dos semanas, cuando se rubricó la actualización para el periodo 2015-2019.
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E manifestaron ayer su voluntad para explorar las posibilidades que puedan abrirse una vez se estudie a fondo el marco regulador, pero fueron cautos sobre el desenlace final de las reuniones de la comisión. De momento, ni siquiera se ha constituido el foro en el que debatirán este asunto cuatripartito y Gobierno de Navarra, que a través de su consejero de Hacienda, Mikel Aranburu, ya dijo que lo más normal es que ese dinero tuviese que destinarse a amortizar deuda. Conscientes de las dificultades de burlar el 135, los partidos que sustentan al Ejecutivo foral se decantan más por intentar que sólo una parte de esos 215 millones tenga que destinarse a deuda. - A. Irisarri
