Hernani - El lunes pasado se reunieron en París con diversos agentes políticos y sociales. ¿Cuál es el balance?

-Positivo. Fue muy importante primero la delegación que fuimos, con el presidente de la Mancomunidad de Iparralde y representantes de todos los partidos, además de miembros de la sociedad civil como Bake Bidean, Bagoaz o Etxerat. Fuimos con un mismo mensaje: que es momento de pasar al siguiente paso de la Declaración de Aiete, el de los presos, una vez efectuados los dos primeros. Tuvimos reuniones con miembros de la Asamblea Nacional y con los tres estamentos de Derechos Humanos más importantes de Francia. Hubo una acogida muy positiva a lo que planteamos y se propusieron iniciativas que más adelante se verá si se pueden llevar a cabo.

¿Ve factible que Francia dé más pasos que España?

-Es difícil evaluarlo, pero antes del 8-A (fecha del desarme) se veía difícil que Francia diera pasos al margen de lo que decía España y, sin embargo, aquello se pudo hacer. Tenemos esperanzas.

¿Cuál es la prioridad de Etxerat?

-Nuestro objetivo es que todos los presos y exiliados vascos estén en sus casas, pero siempre decimos que hay pasos intermedios. Los más urgentes para nosotros son el acercamiento de los presos a las cárceles cercanas a sus domicilios y el segundo, no menos grave, la situación de los presos gravemente enfermos.

El ministro Juan Ignacio Zoido dice que no saldrá ningún preso enfermo hasta que su muerte sea inminente.

-Son declaraciones bastante irresponsables. La propia ley que habla de los presos gravemente enfermos dice que para la salida de la cárcel se tiene que ver que ese preso se va a morir, pero no habla de fechas ni nada. Si hablas con cualquier médico, te dirá que es imposible predecir si vivirá uno o seis meses. Es una excusa para no cumplir sus propias leyes cuando hemos visto que, en otros casos también de asesinatos o secuestros, se ha aplicado una ley. Pedimos que se aplique exactamente igual a nuestros familiares.

¿Cuál es la situación de los presos enfermos?

-Son 21 los que están diagnosticados, aunque nueve de ellos no lo han hecho público por diversas razones. Hablamos de personas con sida, cáncer, esclerosis múltiple? Hay enfermedades mortales y otras que cualquier médico dirá que es una enfermedad, como por ejemplo, la esclerosis, que no te va a matar, pero que no te dejará vivir, sobre todo en la cárcel. Zoido habla solo de la ley que permite liberar a los presos que van a morir, pero hay otras leyes que, sin dar libertad absoluta, hablan de condicionales o atenuadas. Ahí no hace falta que el preso vaya a morir, basta que la vida en la cárcel no ayude a llevar la enfermedad.

¿Cree que la declaración sobre los presos enfermos de todos los partidos del Parlamento Vasco, salvo el PP, más los sindicatos abrirá puertas?

-Sí, por supuesto. Llevamos tiempo diciendo en el País Vasco que debían dar ese paso que pide la sociedad civil.

¿Ve posible una declaración similar en Madrid?

-Esto nos acerca a esa posibilidad.

¿Cómo valora el papel del Gobierno Vasco y del de Navarra?

-En eso también ha habido un avance importante en el último año. Con la mayoría de los partidos y sindicatos tenemos reuniones, y les hemos planteado un acuerdo social en torno al acercamiento y los presos gravemente enfermos para que se sumen. Nadie se ha opuesto a ese texto, aunque luego ya se verá cómo se puede materializar. Vemos una receptividad difícil de prever hace un año o hace año y medio.

¿El traspaso de la competencia de la gestión de las prisiones a la CAV y Navarra podría ayudar?

-Sí. Igual que el Foro Social extrajo en primavera en sus conclusiones, entendemos que el hecho de que esas competencias sean trasladadas ayudaría muchísimo a poder seguir avanzando en este proceso de paz que tanto ansiamos toda la sociedad vasca para que sea duradera y verdadera, sin ninguna vuelta atrás en ningún sentido.

En septiembre de 2011, el EPPK tenía 732 presos. Hoy rondan los 330. ¿Cuál es su situación?

-Desgraciadamente, y aunque la cantidad haya disminuido porque los presos han cumplido sus condenas íntegramente y han sido excarcelados, si cogemos por ejemplo el alejamiento, los porcentajes se mantienen. La mayoría de los presos políticos vascos está lo más lejos posible de sus familiares. En cuanto a números, la situación sigue igual, pero cuanto más tiempo pasa, la situación empeora, para ellos y sobre todo para los familiares: más gastos, más viajes y más accidentes.

Estrasburgo desestimó la reclamación de tres presos contra el alejamiento al entender que no vulneraba el derecho a la convivencia familiar.

-Hay que mirar esa sentencia. Decía que no se vulneraba ese derecho porque los presos habían recibido equis visitas y equis llamadas, pero no entraba a valorar las condiciones ni lo que suponen esas visitas. Han llegado a Estrasburgo ya otros casos que explican esas condiciones que vulneran el derecho a la vida familiar, y esperamos otra resolución. Hace más de año y medio, siete europarlamentarios hicieron una declaración en la que recogían esta vulneración. Además, en una petición judicial ante el Tribunal Constitucional tres jueces sí hablaron de derecho vulnerado en su voto particular.

¿En qué medida pueden incidir en los familiares las conclusiones del debate del EPPK y que pueden abrir una nueva fase?

-Lo valoramos como un paso más que se está dando en el proceso. Desgraciadamente, nos acostumbramos a que los pasos vengan de un sector y a que los gobiernos, que son los que debieran darlos, no los den.

¿La posible disolución de ETA sería el espaldarazo definitivo para cerrar estas cuestiones?

-Todos los pasos que se den a favor de una paz justa, verdadera y duradera son bienvenidos y deberían ayudar a nuevos pasos. Es indudable. No estamos como hace seis o tres años. Esperamos que cada paso que se dé ayude a llegar a ese escenario que deseamos todos los vascos.