madrid - El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, propuso ayer a los grupos con representación en el Congreso modificar la Ley General Tributaria para prohibir expresamente que se puedan aprobar en el futuro nuevas amnistías fiscales. Durante su comparecencia a petición propia en la Comisión de Hacienda del Congreso, Montoro realizó esta propuesta toda vez que “se ha demostrado que los procesos de regularización no gustan a nadie” y después de que el Tribunal Constitucional haya declarado nula la aprobada mediante decreto ley en 2012.

Montoro mostró su “respecto y acatamiento” de la sentencia de alto tribuna de garantías, pero insistido en que esta medida contribuyó a evitar el rescate completo de la economía española. A su juicio, no se puede separar la amnistía del contexto en el que se adoptó, una situación que -señaló- justificó la urgencia de todas las medidas adoptadas entonces mediante decreto ley. En su opinión, el Constitucional ha fallado que el decreto ley no debió ser el vehículo formal para aprobar el proceso de regularización, pero que “hasta ahí llega su alcance jurídico”, ya que las consecuencias del proceso “no son alteradas”.

Montoro, que se mostró molesto por que se siga denominando amnistía fiscal a la Declaración Tributaria Especial (DTE), hizo hincapié en que no le gustó tomar estar medida, como tampoco le gustó subir los impuestos, pero considera que fueron medidas adecuadas en aquel momento por “muy impopular o por mucho desgaste político que conllevaran”. “Necesitábamos tomar medidas rápidamente, nítidas y contundentes con reflejo en el corto plazo”, explicó, al tiempo que insistió en que cada iniciativa alejó un poco más a España del rescate.

Según señaló, las iniciativas de entonces han permitido que España lleve dos años creciendo por encima del 3 % y vaya a cerrar 2017 en el entorno de los 700.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social. “En 2012 el Gobierno echó el anzuelo y tuvo que poner un cebo, si no los pececitos se van a otro sitio o se quedan en el fondo del mar”, ironizó.

defensa de rajoy En este contexto, Mariano Rajoy defendió en el pleno del control del Congreso la legalidad del proceso extraordinario de regularización fiscal de 2012, más conocido como amnistía fiscal, e insistió en que la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló aquel decreto ley no tiene efectos. “La sentencia no producirá efectos y, por tanto, las actuaciones realizadas que son firmes no podrán ser revisadas. Esa es la verdad, y lo demás son juicios de valor”, aseveró ante la pregunta de la portavoz socialista, Margarita Robles, que se estrenaba de este modo en el cargo.

A juicio del presidente español, la sentencia solo declara inconstitucional el procedimiento de aprobación de la amnistía. Y lo demás, aseguró, “son opiniones”. Así, volvió a insistir que en 2012 “España estaba en una situación límite, al borde de la quiebra y al borde del rescate” y que este escenario provocó que se tomaran “decisiones que probablemente en otras circunstancias no se hubieran tomado”.

Ante la petición de la nueva portavoz socialista para realizar una valoración de la sentencia, el presidente declinó la invitación. ”No me lo tome a mal, pero no valoro ni esta sentencia ni ninguna”, aseguró porque, según explicó, no le parece “conveniente” que el máximo responsable del poder Ejecutivo, “se dedique a aplaudir, criticar, o a tomar posición o a entrar en polémicas con el contenido de las sentencias de los tribunales”. - Efe