bilbao - El Partido Popular de la CAV empieza a moverse también en lo relativo al final de ETA para no quedarse fuera de juego en esta cuestión ante los acontecimientos que probablemente puedan venir en los próximos meses. La nueva secretaria general del partido, Amaya Fernández, dio ayer un paso en esa dirección al afirmar que el “camino natural” si ETA se disuelve es que se modifique la política penitenciaria y se acabe con la dispersión de los presos de la organización armada.
Estas declaraciones de la número dos de los populares vascos llegan apenas cuatro días después de que el líder de su partido, Alfonso Alonso, cargara duramente contra el lehendakari Iñigo Urkullu y le tildara de “portavoz de ETA” al establecer una relación entre el inminente desarme de la banda y los planes de política penitenciaria impulsados por el Gobierno Vasco desde la llegada de Urkullu a Ajuria Enea. La descalificación de Alonso se producía además al día siguiente de que PNV y PP rubricaran, junto con los socialistas, el acuerdo para aprobar los Presupuestos vascos para este año. La polémica ha quedado medio zanjada tras una llamada de Urkullu al dirigente popular, aunque este no se ha disculpado públicamente.
En sendas entrevistas en Radio Popular y Onda Cero de Bilbao, Fernández señaló que la existencia de ETA hace imposible la vuelta atrás de la dispersión, tal y como ocurre en otros países en los que hay organizaciones terroristas y en los que no se produce el reagrupamiento de los presos. En este sentido, añadió que mientras ETA “no se disuelva no puede haber cambios en la política penitenciaria”.
Una vez se produzca el anunciado desarme el 8 de abril, el siguiente y último paso que le quedara a ETA es su disolución. El debate para el cierre de su persiana lo anunció a mediados de febrero David Pla, designado por la banda como interlocutor “para la resolución del conflicto”. No hay plazos para ese debate, ni de comienzo ni de final. La precaria situación de la banda impide además hacer vaticinios en este y en otros sentidos, aunque el hecho de que el Gobierno de Rajoy condicione la apertura de una nueva dinámica en materia de presos a la disolución de ETA es un factor nada desdeñable para una organización armada con 370 presos en las cárceles, la mitad de los cuales con largas condenas por cumplir y que no serán puestos en libertad antes del año 2040.
El desarme puede ser la antesala de la disolución y se escenificará el 8 de abril en Baiona en un acto que los mediadores del grupo de Luhuso quieren que sea multitudinario, pero que no gusta ni al Gobierno Vasco que alerta de que una “sobreactuación” pondría en peligro el fin último del acto, ni al PP que, en palabras de Amaya Fernández, tilda de “parafernalia” lo que parece que va a acontecer en la capital labortana dentro de dos semanas. A su juicio, el acto solo pretende dar protagonismo a la organización armada. Además, rechaza el término “artesanos de la paz” con el que se denominan el grupo de mediadores detenidos en diciembre en la pequeña localidad de Luhuso (Lapurdi) mientras dejaban fuera de uso un arsenal de armas que previamente ETA les había entregado. Para la dirigente popular los verdaderos artesanos de la paz es “la mayoría de la sociedad vasca la que se enfrentó y venció a ETA”.
Tras calificar de “positivo” el anuncio de desarme, Fernández reclamó a ETA que facilite las geolocalizaciones con la información sobre los arsenales “para que las autoridades judiciales y policiales puedan tenerlas a su disposición y poder esclarecer esos 300 asesinatos pendientes”.
Por el contrario, EH Bildu manifestó su respaldo al proceso impulsado desde la “sociedad civil” y defendió que “la mejor manera” de expresar el “sentir social” es con iniciativas “amplias y masivas” como la prevista en Baiona. El parlamentario Julen Arzuaga expresó su “respeto absoluto” a las fórmulas que elijan los mediadores para llevarlo a cabo y defendió que la “mejor manera” de transmitir el “sentir social” es con iniciativas “amplias y multitudinarias”. La presidenta de la Ejecutiva vizcaína del PNV, Itxaso Atutxa, aseguró estar “esperanzada” con la noticia del desarme, “porque parece que va a ser verdadero y definitivo”, aunque se mostró preocupada porque, “aún faltan más de dos semanas y es necesaria la discreción para que se dé una garantía de que se va a hacer dentro de la ley”.
