madrid - El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, ha vuelto a corregir a Instituciones Penitenciarias y ha concedido el segundo grado al preso de ETA Jagoba Codo. La singularidad de este caso radica en que el preso ha logrado la progresión de grado por haber renunciado al uso de la violencia en el futuro, aunque el juez reconoce en su auto que, en el plano del reconocimiento del daño causado a las víctimas, su escrito muestra “cierta equidistancia”. “Todos tenemos el derecho y el deber de recordar, homenajear y llorar a los suyos, nadie es ajeno al dolor, ni al sufrido ni al causado y penalmente lo estoy pagando”, dice el preso, para finalizar renunciando “a la utilización de la lucha armada”.

La renuncia a la violencia ha sido la clave en el caso de Codo, además de que ha mostrado buen comportamiento en los últimos tiempos. Desde las asociaciones de apoyo a los presos han apuntado estos meses otros datos como que Codo no tiene delitos de sangre y además está enfermo porque sufre fuertes dolores cervicales. El auto no menciona esa condición de enfermo.

El paso se da en un momento en que el EPPK ha abierto la puerta a las vías legales, pero sin arrepentimiento ni delación. La pasada semana, Sara Majarenas lograba vivir con su hija en un centro social desvinculándose de ETA y reconociendo el daño causado.

De Castro ha tenido en cuenta la propuesta de la Junta de Tratamiento que valora la evolución del interno y considera que se pueden dar pasos para la reinserción. El juez observa que, si bien “el escrito del interno guarda cierta equidistancia con las víctimas a las que ni siquiera menciona, más allá de la fórmula genérica del reconocimiento de dolor ajeno, hay que valorar que renuncia a la lucha armada”. Ello unido a la ausencia de sanciones, al abandono de una actitud beligerante hacia la Administración Penitenciaria y al cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena le ha permitido acceder a ese segundo grado, que permite acceder a permisos de salida y es una estación de tránsito hacia el tercer grado y la semilibertad.

Es el segundo grado que concede José Luis Castro en un semana. El juez autorizó el viernes de la semana pasada la salida de prisión de la presa donostiarra Sara Majarenas tras concederle el segundo grado y permitirle cumplir lo que le resta de condena en el centro que la fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos tiene en Madrid. El objetivo era que no se separase de su hija Izar después de que la pequeña cumpliese tres años. La niña se está recuperando de una agresión de su padre, que la dejó entre la vida y la muerte. El juez Castro tuvo en cuenta la carta que Majarenas le remitió, en la que aceptaba los requisitos que se exigen a los presos de ETA para acceder a beneficios penitenciarios.

En ese escrito, Majarenas reconoce el daño causado, se desvincula de la organización, y destaca que su prioridad y objetivo ahora es el cuidado de su hija. Además, la reclusa, que cumple trece años de pena por su pertenencia al comando Levante, ya había superado los tres cuartos de condena y no se le han impuesto expedientes disciplinarios en prisión. Es un esquema muy similar al del caso de Codo, y comienza a sentar jurisprudencia. La renuncia a la violencia y el buen comportamiento en la cárcel se están perfilando como elementos clave para la obtención de beneficios penitenciarios. En el caso de Majarenas, no obstante, también medió el reconocimiento del daño causado. En cuanto a Jagoba Codo, el juez reconoce que ese aspecto no estuvo tan claro en el escrito de petición del segundo grado. Aun así, le ha sido concedido.

la decisión del eppk El colectivo de presos de ETA ha trasladó hace unos meses una propuesta a las cárceles para explorar las vías legales y acogerse a los beneficios penitenciarios El colectivo oficial de presos no menciona la autocrítica en su documento. En un contexto en que nadie espera una salida negociada y donde aún quedan unos 400 presos, la mitad con largas condenas por delante, el EPPK plantea que será cada preso, de manera individual, quien decida utilizar o no los cauces legales, y cita en concreto las redenciones, los destinos, los cambios de grado, los permisos, los acercamientos a suelo vasco y la libertad condicional. Las líneas rojas son el arrepentimiento y la delación.

Los presos de la vía Nanclares, que realizaron una reflexión crítica del pasado y reconocieron el daño causado, han tenido hasta la fecha la consideración de traidores. El EPPK ha llegado a la conclusión de que “la superación del conflicto no se dará en torno a una mesa bilateral” y que, por ello, debe renovar su línea. - DNA/Efe