Barcelona - Declara hoy ante el Tribunal Supremo por los delitos de prevaricación y desobediencia por la consulta independentista del 9-N, pero el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Francesc Homs, vaticinó ayer que si el proceso judicial en el que también están inmersos el expresident Artur Mas y las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega acaba en condenas será “el fin del Estado español”. El motivo para sostener tal afirmación es que la “democracia”, escenificada en las urnas colocadas por la Generalitat pese al veto del Tribunal Constitucional , podría ser “castigada con el Código Penal”. Calificado por él mismo como “un juicio innegablemente político”, sobre Homs pende la posibilidad de una inhabilitación para ejercer como cargo público durante 9 años, como le reclama la Fiscalía.
Homs se proclamó como “un mero soldado de una causa” para obedecer el mandato democrático de Catalunya en favor del derecho a decidir. Es por ello que hoy echará mano de una “muy sólida argumentación jurídica” para contrarrestar las “contradicciones flagrantes” de la Fiscalía. No aportó muchos más datos sobre su defensa, aunque sí echó la vista hacia adelante para advertir de que la sentencia del Alto Tribunal será el “diapasón” que “marcará el tono” de la respuesta penal al 9-N. En caso de que el proceso judicial -que también afecta a Mas, Rigau y Ortega, si bien estos ya acudieron al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya el pasado 6 de febrero- concluya en absoluciones, nadie podrá decir “que no se puede hacer un referéndum”. Si culmina en condenas, denotará que “en el Estado español la democracia puede ser castigada con el Código Penal”.
“Si el Estado español acaba respondiendo por la vía penal, es que se ha perdido y ha perdido”, ahondó. La respuesta, en todo caso, “debe ser la misma” que hasta la fecha. “Seguir adelante, con una actitud democrática, pacífica, inclusiva”, esgrimió un Homs que remarcó que “es el Estado español el que está violentando” sus propias reglas de juego. Ante la “intención política” de la Fiscalía de retorcer las leyes “en función de la ideología”, como en una “república bananera”, avanzó que podría recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para defender sus derechos en caso de que la Justicia española falle en su contra. Tanto es así que desveló haber tenido contactos con el expresidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, que resultó inhabilitado al desobedecer al Tribunal Constitucional en 2008 al no disolver Sozialista Abertzaleak.
Homs, por último, no dio “ninguna credibilidad” a las informaciones sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales del 3 % en CDC, la antigua PDeCAT. Más si cabe a sabiendas de que el grifo de las informaciones sobre corrupción en su partido se suele abrir en fechas clave. “Tiene pinta de que no es casual”, zanjó. Parecida fue la valoración de la portavoz del Ejecutivo catalán, Neus Munté, quien además resaltó que “la única respuesta del Gobierno es hacer sentar en el banquillo de los acusados a demócratas”. Munté y varios consellers acompañarán hoy a Homs al Supremo. Junto a ellos estará el presidente del PDeCAT y expresident, Artur Mas -que declarará el martes-, además de representantes de ERC, CUP, En Comú Podem y diversas asociaciones en favor de la independencia.
“rédito electoral” La declaración de Homs tuvo eco en los partidos constitucionalistas. La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, fue contundente al asegurar que “las palabras cada vez más gruesas” de los partidos soberanistas tan solo buscan sacar “rédito electoral”. “Esto no va de que ‘van a por nosotros’, sino de que un referéndum ilegal no va a ninguna parte y lo saben”. La estrategia del Ejecutivo de Rajoy será parar “cualquier atropello a la democracia con firmeza y contundencia”, El PSOE, por su parte, respondió a Homs que el suyo, “por supuesto”, no es un ningún juicio político.
