Están situados en lo alto de la cúpula de sus partidos, con atribuciones que les hacen llevar la gestión diaria de las siglas que comandan. Los estatutos de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, no obstante, otorgan papeles bien diferentes a Mariano Rajoy, Javier Fernández, Pablo Iglesias y Albert Rivera. Recién reelegidos tras pasar por el filtro de la militancia de tres de los cuatro grandes partidos estatales, y con un socialismo sin cabeza visible que está dirigido por una Comisión Gestora, los reglamentos internos ofrecen un papel preponderante a los presidentes o secretarios generales. De dirigir la estrategia hasta cesar a sus subordinados más directos, las formaciones políticas confían buena parte de su poder ejecutivo en sus liderazgos.
Cada organización aplica sus propias fórmulas, ya sea a efectos prácticos como teóricos. Pero son los estatutos de Podemos los que mayores poderes prácticos otorga a su recién proclamado líder, si bien su comisión ejecutiva es un organismo de participación más coral que los del resto y su andamiaje territorial, que amenaza con ir soltando amarras de forma progresiva con la dirección estatal, cuenta con más atribuciones que las sucursales territorio a territorio de otras siglas. Proclamado vencedor por KO ante Iñigo Errejón en el congreso de Vistalegre II, y autorizada una hoja de ruta política más aperturista y otra organizativa más descentralizada, Pablo Iglesias puede convocar consultas a la militancia de Podemos. Llamada a actualizar las anquilosadas normas internas de las formaciones más antiguas, la formación morada es un caso único en este sentido.
Aún así, el arma del referéndum interno es un arma de doble filo aunque los militantes morados nunca hayan desdicho a su líder. El secretario general, de hecho, ha tirado de la posibilidad de organizar refrendos en dos ocasiones en las que no disponía de mayoría en el órgano de dirección político con funciones ejecutivas que es el Consejo Ciudadano: el rechazo a apoyar a un gobierno PSOE-Ciudadanos y el beneplácito a la confluencia electoral con IU. Cabe resaltar, no obstante, que existe la posibilidad de que el secretario general sea movido de su silla. Para ello es necesaria la organización de una “consulta vinculante revocatoria a la Asamblea Ciudadana que la nombró”. Para hacer efectiva esa posibilidad, por lo tanto, Podemos volvería a cuestionar a su militancia.
Otro partido de reciente cuño como Ciudadanos también tiene bien definido el papel de su cabeza visible, al que dota de importantes funciones y que puede modificar el día a día del partido de forma evidente. Ostenta una representación política y legal que faculta a Albert Rivera, recientemente reelegido para un nuevo mandato de cuatro años por el 87% de los votos de los militantes de la formación naranja -aunque con una participación del 34%-, a dirigir la estrategia, encabezar las reuniones del Comité Ejecutivo -en el que dispone de voto de calidad en caso de empate-, definir las competencias de cada uno de los miembros y cesar a sus miembros o nombrar otros nuevos. Delegar sus funciones en otro responsable como el secretario general o representantes de la ejecutiva también se incluye entre unas amplias capacidades que ninguno del resto del arco político otorga a sus principales figuras, salvo el PP. Construido desde los cimientos basándose en su figura, Rivera no ha tenido que sofocar ningún incendio interno que pusiera en duda su liderazgo.
Por su carácter de partido federal con un amplio número de organismos internos, más difuminados están los límites del líder de un PSOE acostumbrado históricamente a las luchas de poder entre sus barones territoriales y las pugnas entre los distintos niveles que las componen, caso por ejemplo de las tiranteces que actualmente mantiene el PSC con la cúpula estatal. Sus estatutos, por el contrario, no son tan concretos a la hora de especificar las consecuencias de un cese de su líder. Ejemplo de ello fue la renuncia de Pedro Sánchez a seguir en la secretaría general por su negativa a abstenerse a la investidura de Rajoy, que motivó un examen en profundidad de las normas internas para arrojar un poco de luz sobre como desarrollar el proceso de sustitución. La convocatoria de un congreso es la salida, aunque la Comisión Gestora -que no existe como tal en los estatutos- encabezada por Javier Fernández se haya arrogado las competencias las competencias de la Comisión Ejecutiva Federal, “el órgano encargado de aplicar y dirigir la política” de la formación. Además de la figura del secretario general, que es la cabeza visible del partido aún y sin disponer de las tareas que guardan otras formaciones a sus líderes, los socialistas cuentan con una presidencia que es más representativa que ejecutiva.
Rajoy, plenipotenciario “Máximo responsable del partido en cada uno de sus ámbitos territoriales”, el presidente nacional del PP, papel que recae en Mariano Rajoy desde hace trece años, tiene amplios poderes. No solo cuenta con “representación política y legal”, sino que llega a “autorizar necesariamente toda declaración que se haga en nombre del Partido Popular”. Y preside la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo, hasta el punto de que propone los nombramientos del secretario general, los vicesecretarios generales o los secretarios ejecutivos. Así aconteció en el reciente congreso de Madrid, en el que Rajoy repartió los cargos de alto rango de Génova a su antojo y los afiliados lo aprobaron. El máximo mandatario popular, es más, tiene potestad para proceder a la apertura de un expediente disciplinario para suspender provisionalmente a un afiliado de todas sus responsabilidades.
