madrid - El ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció ayer en el Congreso de los Diputados su intención de encarar la reforma de los procesos penales dotando a los fiscales de un “nuevo rol” como directores de la investigación y suprimiendo trámites innecesarios. El objetivo, según explicó en la Comisión de Justicia, es el de articular una fase de investigación que se centre en determinar si existen indicios racionales de delito y que “una vez alcanzado ese mínimo de convicción, la celebración del juicio sea inmediata”.
Entre las prioridades de su departamento sobresale el cambio del modelo de instrucción penal para adecuarlo al sistema que impera en la mayoría de los países comunitarios de forma que el fiscal asuma las competencias en materia de investigación bajo la vigilancia de un juez de garantías para tutelar los derechos de las partes y que resolvería finalmente si procede o no llegar a juicio. Para ello deben suprimirse o racionalizarse trámites innecesarios. “No parecen razonables algunas situaciones como las que hoy se producen, donde hay testificales que se prestan hasta en tres ocasiones, ante la policía, instrucción y juicio”.
Para lograr este objetivo será necesario abordar un nuevo Estatuto Fiscal y crear una oficina fiscal donde se puede estudiar que presten sus servicios los actuales letrados de la administración de justicia -antes secretarios judiciales- y los funcionarios que hasta hoy prestan sus servicios al juez. Ello se complementaría con la figura del “juez de garantías”, quien aseguraría la protección y el control jurisdicciconal en el ámbito de los derechos y libertades. Las asociaciones de jueces condicionan la idea del Ministerio de Justicia de que la competencia para la instrucción de las causas judiciales pase a los fiscales a reforzar la independencia de actuación de estos, dado que el fiscal depende jerárquicamente de la Fiscalía General del Estado, adscrita al Ministerio de Justicia, esto es, al Gobierno.
Se trata de una premisa en la que están de acuerdo las organizaciones de fiscales, que se muestran favorables a asumir la instrucción de los procedimientos, pero reformando el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para reforzar su autonomía.
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Celso Rodríguez Padrón, señala en declaraciones a la agencia Efe que en España la cuestión se resolvió cuando se estableció que el juez instructor jamás puede intervenir en el enjuiciamiento de la causa. A su juicio de esta forma queda salvada la imparcialidad del juez instructor, por lo que estima que no debería ser tan cuestionado el modelo vigente ya que no perjudica los derechos y garantías de las personas investigadas.
El portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, también considera necesario un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que garantice la autonomía de los fiscales y que evite que pueda haber órdenes o instrucciones desde el Ministerio de Justicia.
Su homólogo en la asociación de jueces Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, sostiene que el modelo del juez instructor ha funcionado y que muchas veces la demora en los procedimientos se debe a cuestiones procesales y en este sentido ve fundamental la creación de un cuerpo de peritos expertos en diversas materias al servicio de las causas judiciales.
Catalá también anunció su deseo de reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que los elijan directamente los jueces y propone cambiar el proceso para nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo (TS). “Si existen caminos para perfeccionar el modelo actual y reforzar los mecanismos para que sean los propios jueces quienes elijan más directamente a sus vocales, no dejemos de explorarlos ni renunciemos de antemano a nada”, aseguró.
indultos a corruptos Catalá también propuso limitar los aforamientos a los 2.000 cargos políticos que en la actualidad disfrutan de esa condición, prohibir la concesión de indultos a condenados por corrupción y regular la actividad de los lobbies ante el “vacío” legal que existe hoy en día.
El PSOE y Ciudadanos reclamaron al ministro que no convierta su oferta de diálogo y consenso en palabras “huecas” y emprenda verdaderas reformas para poner en marcha la Justicia que demandan los ciudadanos. - DNA
Fiscales instructores. Catalá propone que los fiscales releven a los jueces en la instrucción de los delitos.
Jueces elegirán el CGPJ. Plantea cambiar el sistema de elección de los magistrados del órgano de gobierno de los jueces para que sean los jueces (y no el Gobierno y los partidos) quienes los elijan.
Prohibir los indultos. La reforma plantea la prohibición de los indultos a los condenados por corrupción.
