madrid - “El Gobierno español no va a dejar pasar ni una”. Así se pronunció la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, el pasado mes de julio cuando el Parlament de Catalunya aprobó dar inicio al proceso de desconexión con el Estado español. Tres meses después, la amenaza del Ejecutivo del PP se cumple y, tal como anunció Sáenz de Santamaría, presentará ante el Tribunal Constitucional un nuevo incidente de ejecución de sentencia contra varias resoluciones aprobadas el pasado 6 de octubre por el Parlament de Catalunya que impulsan el proceso constituyente, entre ellas, la que avala la celebración de un referéndum en 2017 con o sin el aval del Estado.

Un día después del pleno en la Cámara catalana, la Abogacía del Estado ya había adelantado que iba a estudiar las resoluciones adoptadas -por la mayoría de los parlamentarios-. Ahora, una semana después, el Gobierno español anuncia el recurso ante el alto tribunal de garantías.

En este ocasión, el Gobierno de Mariano Rajoy volverá a reclamar al Tribunal Constitucional que requiera personalmente a la presidenta de la Cámara autonómica, Carmé Forcadell; a los demás miembros del de la Mesa de la institución y su secretario general; así como al presidente y demás miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat, según explicó Santamaría. El objetivo de esto, según afirmó, es que esas personas “se abstengan de realizar actuaciones tendentes a dar cumplimiento a las resoluciones impugnadas” y, también, que se deduzca “testimonio de particulares” para que el Ministerio Fiscal, si lo estima procedente, “ejerza las acciones que correspondan ante el tribunal competente acerca de la eventual responsabilidad en que pudieran haber incurrido”.

La vicepresidenta recordó que el Tribunal Constitucional ya ha suspendido la resolución sobre el proceso soberanista para justificar su nueva actuación contra otra batería de resoluciones. “Son un paso reiterativo por parte del Parlamento de Cataluña, muy similares en sus pronunciamientos”, manifestó.

De hecho, concretó que las resoluciones recientemente aprobadas en Catalunya “se incorporan” al incidente de ejecución que el Gobierno ya presentó ante el TC: “No es necesario abrir nuevos expedientes porque vuelven reiterar a lo mismo”, explicó.

Las actuaciones del Gobierno español contra estas resoluciones aprobadas, señaló Santamaría, responden al artículo 161.2 de la Constitución que establece que el Ejecutivo “podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas”.

Judicializar la política El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, criticó la decisión del Gobierno español y la encuadró en un intento de “edulcorar el apoyo del PSOE” a la investidura de Rajoy. “Quizá piensa que les dará una excusa un poco más digerible del sapo que se tendrá que tragar el socialismo español”, señaló.

Puigdemont recordó que el PP se encuentra “en mitad de un escándalo del 3% y del caso Gürtel”, y afirmó que en el juicio se están conociendo datos escandalosos que, según él, pueden dificultar el apoyo de los socialistas. También lamentó que la respuesta del Ejecutivo español ante la demanda democrática de los catalanes de escoger su futuro político en un referéndum consista en una “cadena de impugnaciones”. “A toda propuesta catalana de diálogo y negociación le corresponde su consiguiente impugnación”, zanjó el presidente catalán. - DNA/Efe