bilbao - “Después de cuarenta años sin saber nada, no vamos a tirar la toalla ni a resignarnos. Seguiremos buscando la verdad en la medida de lo posible, se lo debemos a nuestros padres, que ya son muy mayores”. La familia de Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur lleva cuatro décadas luchando contra el olvido y el silencio. De momento, en vano.

“No podemos ni debemos olvidar. La desaparición de Pertur está ahí y en una sociedad normal se tendía que esclarecer. Alguien tiene que saber dónde está y qué le pasó. Pues que lo diga”, afirma, expresando el sentimiento de la familia, Inés Moreno Bergaretxe, hermana de Pertur.

Pese al tiempo transcurrido, los allegados no están dispuestos a perder la esperanza. Una esperanza que, habida cuenta de que las investigaciones no han llegado a ninguna conclusión, pasa por apelar a la conciencia de quienes pueden tener alguna información sobre lo que ocurrió en julio de 1976 y, sobre todo, conocer el paradero de Eduardo y poder “descansar”. “No saber nada durante todo este tiempo es un gran sufrimiento, eso está ahí. Es un tema que ves que nunca está cerrado. Lo pasamos muy mal aunque mantenemos la discreción, la cuestión es que alguien diga algo. No queremos dar más vueltas y marear, pero es muy frustrante todo el tiempo que ha pasado, lo que se ha hecho y que no se llega a ningún lado”, concluye la familia.

De igual modo, Patxi Baztarrika, compañero de Pertur, considera que “las preguntas qué paso y dónde está son una llama encendida que no se apaga ni se apagará mientras no se sepa la verdad”. Asimismo, afirma que “la familia, los amigos y toda la sociedad vasca tenemos derecho a saber lo que sucedió”.

Martin Auzmendi, compañero también de Pertur y el abogado de la familia que logró llevar el caso hasta la Audiencia Nacional, cree también que, en realidad, “no se sabe casi nada de lo que pasó” y que solo la declaración de alguien que supiera del caso podría hacer cambiar las cosas. Insiste en que, pese a todo, el caso no está cerrado. En primer lugar, porque lo ocurrido es una desaparición forzosa, por lo que cabe aplicar el criterio de justicia universal perseguible. Además, se trataría de un delito cuyo plazo de prescripción no se inicia en tanto no se tengan noticias de su paradero. Por ello, el juez Andreu decretó el sobreseimiento provisional, sin perjuicio de su posterior reapertura si surgieran nuevos elementos. ¿Surgirán, cuarentaytantos años después?