Madrid - El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, aseguró ayer que el Gobierno de Rajoy no acudirá al Congreso para someterse al control parlamentario porque, según afirmó, “ni puede ni debe” hacerlo al estar en funciones. Ello incluye no solo las comparecencias específicas de miembros del Ejecutivo en Pleno y comisión, sino también las sesiones de control al Gobierno que la oposición quiere poner en marcha tras la Semana Santa.
Con esta decisión, se descarta que Mariano Rajoy acuda a la Cámara Baja para dar cuenta de la última cumbre europea, donde se alcanzó un preacuerdo UE-Turquía sobre refugiados. Un asunto éste sobre el que será el secretario de Estado de la UE, Fernando Eguidazu, quien informará a las Cortes el próximo miércoles. Según detalló Ayllón, estas explicaciones no se enmarcan dentro del control al Gobierno porque se trata de una comparecencia “informativa y extraordinaria” por la materia que se aborda El mismo argumento fue utilizado por el secretario de Estado para justificar que el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel García-Margallo, compareciera ante la Comisión Mixta para la Unión Europea antes del Consejo Europeo que abordó el Brexit a mediados del mes pasado.
Algo inédito En rueda de prensa en el Congreso, Ayllón explicó que el Ejecutivo del PP cesó tras las elecciones del 20 de diciembre y, por tanto, el nuevo Parlamento no le ha otorgado la confianza, razón que ha esgrimido para no someterse al control de las Cortes Generales. Ayllón reconoció que la situación es “poco común” e incluso “desconocida” en la historia de la democracia, al no existir un nuevo gobierno casi tres meses después de las elecciones, pero insistió en que el Ejecutivo en funciones no puede ser controlado por las Cortes y que así lo comunicarán al Congreso cada vez que se le pida comparecer.
Así, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes ha elaborado un informe en el que se sustenta la negativa del Gobierno a someterse al control de los grupos de la Cámara y que se esgrimirá siempre que ésta quiera citar a un miembro del Gobierno, ya sea el presidente o cualquier ministro porque, según Ayllón “no tiene ningún sentido”. A su juicio, convocar al jefe del Ejecutivo en funciones sería tanto como hacerlo con cualquier expresidente. “En un régimen parlamentario, cuando los ciudadanos son convocados a las urnas eligen a representantes en el Parlamento, que es el que otorga la confianza a un Gobierno para desarrollar el Poder Ejecutivo. Una confianza que obliga a unos y otros a ejercer y someterse al control”, señala el informe.
Por tanto, reiteró que el actual Ejecutivo interino “no puede ni debe” someterse a las iniciativas de control de una Cámara que no le ha otorgado la confianza y recalcó que no ha habido situaciones parecidas en el Congreso ni en otros parlamentos con un largo periodo de gobierno en funciones. La Secretaría de Estado establece que si los grupos parlamentarios no estuvieran de acuerdo con la posición del Ejecutivo pueden optar ir por la vía jurisdiccional para dirimir cualquier asunto. En concreto, a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. - E.P.