En 2009 empezó oficialmente la crisis económica. En 2010 España empieza a recortar en educación por primera vez en 30 años. Y en 2011 el PP llega a La Moncloa con mayoría absoluta. En los primeros compases de legislatura el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, encargó a José Ignacio Wert una reforma educativa (Lomce) para reducir el abandono escolar, pero antes había que profundizar en los ajustes impulsados por los socialistas. En mayo de 2012 Wert pronunció una de sus frases más recordadas que resume los últimos tres años: “Lo urgente hoy es ahorrar; lo importante después, reformar la educación”. Dicho y hecho. Un mes después, Rajoy presentó el real decreto por el que se adoptaron medidas extraordinarias para la reducción del déficit público que redujo un 5% el sueldo de los funcionarios y congelaba las pensiones.

Pero el decreto de racionalización del gasto se incluía un paquete de medidas de ajuste sin precedentes que han socavado la esencia de la educación pública, eje del sistema, conduciéndola a estándares de calidad de décadas pasadas. Entre otras medidas se fijaba el aumento de un 20% de la ratio de alumno por aula, el incremento de la jornada lectiva, no permitía la sustitución del profesorado en los primeros 10 días de baja cuya tasa de reposición se había reducido al 10%, aumento de las tasas universitarias, endurecimiento de las condiciones de acceso a las becas o retirada de numerosas ayudas de libros de texto, material didáctico, comedor o transporte...

La foto que deja tras de sí la tijera de Rajoy impacta. Las aulas están masificadas y se ha producido un recorte 7.764 millones de euros para docentes, aulas, apoyos y becas, lo que coloca la inversión educativa en niveles de 2006. Además, en el camino se han perdido 38.000 empleos. La espiral de recortes ha lesionado la calidad de un sistema educativo ya deteriorado, lo que ha incidido en los estudiantes y en la sociedad ya que no ha contribuido en la lucha contra el fracaso escolar o a combatir el paro juvenil, que supera el 50%. España sigue siendo el país con la tasa de abandono temprano más alta de la Unión Europea. Pese a que se ha reducido hasta el 21,9%, el porcentaje de abandono está muy lejos del 11% de la media de la UE y del objetivo estatal fijado para 2020 del 15%. Aunque el sucesor de Wert, Iñigo Méndez de Vigo, achaca esta mejora a la Lomce -cuando apenas si lleva dos años en vigor con una aplicación parcial- a nadie se le escapa que el fin de la burbuja inmobiliaria ha ayudado a contener la fuga de jóvenes de la escuela en pos de los golosos sueldos del ladrillo.

Debilitamiento de la universidad Por otro lado, el decreto ley de racionalización del gasto público permitió a las comunidades subir las tasas de la matrícula universitaria para que cubrieran entre el 15 y el 25 % del coste de las carreras, lo cual provocó una escalada de los precios públicos, además de generar grandes desigualdades entre comunidades. Los incrementos medios de las tasas de matrícula el curso 2012-13 llegaron al 66,7% en Catalunya; 42,1% en Canarias; 41,9 % en Castilla y León; 38,1 % en Madrid; 33,3 % en la Comunidad Valenciana o 20,3 % en Castilla-La Mancha. Las subidas fueron menores o se paralizaron en el curso 2013-14 en la mayoría de comunidades (entre el 1 y el 5 %). Y el curso pasado se congelaron las tasas en todas las CCAA o subieron mínimamente. Las universidades públicas han perdido más de 77.000 alumnos desde el curso 2011-2012 como consecuencia de la subida de las tasas, la disminución de las becas y ayudas y el endurecimiento de los requisitos para beneficiarse de ellas. Por contra, las universidades privadas han proliferado y han ganado terreno en las matriculaciones de los másteres. Aun así, Méndez de Vigo ha declarado recientemente que “sobran universitarios”, una afirmación que no se sostiene si se comparan los datos de España con los de la OCDE o los de la propia Unión Europea. Entre 2010 y 2015, los presupuestos de las universidades públicas han descendido en más de 1.384 millones de euros (un 13,7 %), lo que ha afectado a las plantillas, a los grupos de investigación, incluso a su capacidad para pagar los recibos de la luz. Entre 2012 y 2015 se han perdido 7.766 puestos de trabajo, lo que supone un 5,1 % del PDI (personal docente y de investigación) y del 4,9% de PAS (personal de administración y servicios).