Bilbao - El periodista bilbaíno valora positivamente el primer año del reinado de Felipe VI pero advierte de los retos pendientes.

¿Cómo interpreta la decisión de Felipe VI de despojar a la infanta Cristina del Ducado de Palma?

-Es un paso que se tenía que producir antes o después. El rey ha tomado la decisión para la que tenía facultades. En su proclamación ante las Cortes Generales advirtió de que la monarquía supone rigor, ejemplaridad, falta de privilegios y transparencia, y una persona que va a ser juzgada por dos delitos fiscales no puede ostentar un título honorífico.

¿Qué le pareció el cruce de declaraciones entre el abogado de la infanta y Casa Real acerca de quién dio el primer paso para la retirada de ese título?

-No tengo ninguna duda de que la versión de la Casa es la auténtica, y que ha sido el rey el que ha tomado la iniciativa.

¿Fue inevitable la abdicación del rey Juan Carlos?

-Es un proceso que comienza en Botsuana en abril de 2012, que hace que la monarquía pierda prestigio y reputación; la figura y el crédito público del rey quedaron lesionados y no pudo remontarlo durante prácticamente dos años. La abdicación era la única opción posible para rehabilitar la institución y para poner al frente al rey Felipe VI. Es una medida regeneracionista y un año después podemos decir que ha sido un acierto.

Se ha mostrado autocrítico por el papel de los medios de comunicación en el anterior reinado.

-Si en los años 90 se hubiese descorrido el velo sobre algunas actividades improcedentes del rey, probablemente no se hubiese llegado a la situación a la que se llegó en la segunda década del siglo XXI.

En su libro apunta como un acierto de la monarquía que, ante un descrédito generalizado de las instituciones, haya dado el primer paso para regenerarse.

-Si el reinado de Juan Carlos no concluía en esta legislatura, la situación para la rama monárquica del Estado se iba a complicar extraordinariamente en la próxima. La correlación de fuerzas sería completamente distinta y probablemente se habría abierto un debate social que habría terminado mal para el rey y para la Corona. Se ha demostrado como una decisión muy acertada, la primera de otras muchas que se tienen que producir en el futuro para que haya una regeneración general del sistema.

¿En qué consistiría esa regeneración del sistema?

-Debe abordarse una reforma constitucional que afecte al Título Segundo de la Corona y a otros aspectos anacrónicos o disfuncionales dentro de la Constitución.

¿Y qué cambios propone?

-Hay que cambiar el Título Segundo para evitar la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión y hay que desarrollarlo para que no se den situaciones como la actual entre la infanta Cristina, que no renuncia a sus derechos sucesorios, y la instancia pública del Estado que le pueda obligar a hacerlo.

Realiza, por tanto, un balance satisfactorio del primer aniversario de Felipe VI en el trono.

-Es un balance positivo pero sigue habiendo desafíos. Cuando se produzca la modificación del Artículo Segundo de la Constitución se producirá también un debate sobre la forma monárquica del Estado. Para el rey es un desafío la cuestión catalana porque representa la unidad del Estado, y también va a tener que vivir unas jornadas muy duras cuando se juzgue a su hermana y al marido de esta en el caso Nóos.

¿Qué opinión le merecen los cambios introducidos en la propia institución monárquica?

-Son muy importantes, hay más mujeres en cargos de responsabilidad permanente, se ha asumido la Ley de Transparencia, hay unos presupuestos transparentes, se han reducido los sueldos, la familia real se ha redimensionado y se ha ido a un sistema mucho más austero y riguroso. Y el rey se ha abierto a sectores de la sociedad que tradicionalmente no tenían contacto con la jefatura del Estado.

Tras la abdicación, hay quien esperaba que se acometiera una segunda transición para modernizar el modelo territorial.

-Pero eso no depende del rey, depende de las instituciones representativas, del Gobierno y del Parlamento. El rey tiene la función de moderar y de arbitrar las instituciones, no tiene ninguna capacidad de iniciativa legislativa ni política para impulsar cambios de estructura constitucional en España.