La Guardia Civil detuvo hace un año a Begoña Rodríguez. Esta gallega de 47 años afincada en Vitoria se disponía a realizar la compra en su barrio de Zabalgana cuando fue sorprendida por dos agentes. Comenzó así una odisea que le llevó durante 15 horas a un calabozo y que, trece meses después, aún no ha concluido. Su presunto delito, enaltecer el terrorismo con contenidos albergados en su cuenta de Facebook.
Rodríguez fue una de las 21 personas, 15 de ellas en Euskadi, detenidas en el primer episodio de la operación Araña, un despliegue policial que la semana pasada recuperó protagonismo con arrestos correspondientes a su tercera fase y que ya cuenta con una sentencia condenatoria.
El pasado de esta vecina de Vitoria no presenta ninguna vinculación política, pero sí una arraigada afición a las redes sociales que una salud maltrecha acabó por depurar y que le llevó a almacenar fotos que los amigos del ciberespacio le enviaban. Su estancia en los calabozos de las dependencias policiales de Sansomendi solo se vio interrumpida por una visita a los servicios de Urgencias. Entonces Rodríguez se encontraba a la espera de los resultados de unas pruebas médicas a las que los especialistas le habían sometido al constatar indicios de que “algo estaba mal”, recuerda.
El propio dolor físico se vio acentuado por un cuadro de ansiedad que, finalizado su encierro, le llevó hasta la consulta del médico de cabecera para demandar ayuda psicológica. Un año después, Begoña continúa en tratamiento.
No volvió a tener noticias del motivo que provocó su detención hasta nueve meses más tarde. Un exhorto de la Audiencia Nacional le trasladó hasta el Palacio de Justicia de Gasteiz, donde tuvo que relatar ante el juez lo acontecido en abril de 2014. El simple hecho de recordar aquel fatídico día 28 supuso un nuevo revés para su salud, pero no fue el único. El escrito judicial advertía de la necesidad de acudir a la cita con abogado y conseguir uno no fue tarea fácil. “Visité hasta tres despachos, porque en cuanto escuchaban que el asunto estaba ligado con la palabra terrorismo me decían que no podían hacerse cargo”, sostiene Rodríguez.
Finalmente, pudo contratar a un letrado que le acompañó hasta dependencias judiciales para cumplir con el cometido demandado. El calendario siguió su curso y apenas hace dos semanas un nuevo escrito le comunicó que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu “había trasladado toda la información del caso a la Fiscalía”, rememora. Ahora bien, lo que tanto esta vecina de Zabalgana como su abogado desconocen es si la tramitación del caso implicará nuevas comparecencias en los tribunales o el archivo pondrá el punto final a “esta pesadilla”, como califica.
La incertidumbre a la que se ha visto sometida Rodríguez ha estado ligada, en estos últimos meses, a un agitado periplo hospitalario que podría llevarle en breve de nuevo al quirófano. De momento, esta semana le han realizado un cateterismo que permitirá analizar con detalle la forma de abordar los dos aneurismas cerebrales que padece. “El peligro es alto, ya me lo han advertido. Incluso saliendo todo bien puede que cuando despierte no reconozca a mi familia ni recuerde cómo caminar”, sostiene. Y pese a la envergadura de este problema de salud, Rodríguez admite que no puede quitarse de la cabeza un asunto judicial que “me está afectando muchísimo”.
versión oficial El Ministerio del Interior ha explicado que el caso de Begoña Rodríguez y las demás detenciones realizadas en el marco de la operación Araña se basan en presuntos delitos por haber ensalzado en redes sociales asesinatos de agentes de la Guardia Civil y la Ertzaintza cometidos por ETA, o por burlarse de determinadas víctimas de la banda armada, entre otros asuntos.
El actual Código Penal contempla penas de hasta dos años de prisión por este delito. El techo de la condena aumentará hasta los tres años a partir del 1 de julio, fecha en la que entrará en vigor la reforma de esta norma, lo que implicará el ingreso en prisión de personas que no tengan antecedentes penales.
Esta misma semana se dio a conocer la sentencia de la Audiencia Nacional que condena a dos años a un joven valenciano por enaltecer en las redes sociales a ETA y los GRAPO, y por dedicar frases humillantes y “vejatorias” a víctimas como el concejal del PP Miguel Ángel Blanco o el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara.
Además de los rostros anónimos, entre las detenciones realizadas la semana pasada en la tercera fase de este operativo figura la del cantante del grupo Def con Dos, César Montaña Lehmann, más conocido como César Strawberry.
