Madrid - La vieja casta y la que esté por llegar, y de izquierda a derecha del espectro político, no hay formación española, principalmente las que optan a la Moncloa, que no esté azotada por la corrupción que enfanga ya una precampaña electoral que se presume intensa en esta materia y, desde luego, extensa, desde la llamada a las urnas en Andalucía el próximo 22 de marzo a los comicios generales que se dirimirán entre finales del presente año o principios de 2016. De hecho, el feudo andaluz se sobresaltó ayer con una nueva fase de la investigación en torno al fraude de los cursos de formación entre 2007 y 2013; al mismo tiempo que prosigue el eco del caso Monedero, extensible ahora al líder de Podemos, Pablo Iglesias; mientras el sobrecoste del tranvía de Parla ataca a Tomás Gómez, secretario general de los socialistas madrileños, y a su partido; y Bárcenas amenaza con tirar de la manta si el PP utiliza su nombre como bandera contra las malas artes políticas.

Hasta 90 personas -ayer 16- vinculadas con 52 empresas, prevé detener la policía dentro de la operación Edu, la presunta estafa por beneficiarse de subvenciones públicas con compromiso de contratación, con la sospecha de un fraude que podría ascender a dos mil millones de euros, según la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), y que se desarrolla en Almería, Cádiz y Málaga. Las actuaciones, fruto de numerosas entrevistas realizadas por los agentes a alumnos y profesores que impartieron esos cursos, tienen el foco en decenas de cargos políticos del PSOE y varios más del PP, concluyendo que había empresas que mentían a la hora de informar sobre el número de alumnado o que se contrataba profesorado con nulo conocimiento sobre los temas a tratar, amén de que en ocasiones había compañías que alcanzaban acuerdos con personas para contratarlas como maestros a cambio de que estos les devolvieran después la mitad del sueldo fijado. Otras veces, ni se celebraban los cursos.

En los siete años analizados, la Junta destinó más de 3.000 millones de euros para los programas de formación, según fuentes de la investigación, que barajan una cuantía fraudulenta de entre 20 y 40 millones. El cuerpo policial ha tomado ya declaración a unas 300 personas, sobre todo aquéllas cuyos nombres están incluidos en cursos de formación del Servicio Andaluz de Empleo (SAE); han sido investigadas 177 empresas y cerca de mil beneficiarios se hallan en tela de juicio porque “hay firmas que son auténticas tapaderas, creadas a propósito para defraudar”. La operación Edu, que saltó el pasado abril en puertas de las elecciones europeas, indaga la concesión de subvenciones del Gobierno andaluz, especialmente la convocatoria de cursos de Formación Profesional Ocupacional de diciembre de 2010. El portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, dijo que “de confirmarse” la implicación de militantes del PSOE en este presunto caso de corrupción, se actuaría “de inmediato” y se les suspendería de militancia, en alusión, por ejemplo, al concejal de Roquetas de Mar, Juan Fernando Ortega, idéntica reacción a la del portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando. En todo este saqueo han participado activamente gestorías, asesorías, sindicatos y organizaciones empresariales.

‘Caso ere’: más imputados Para más inri, la juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, imputó ayer a 34 personas más en esta trama por su vinculación con las ayudas concedidas a la Sierra Norte de Sevilla, ampliando las acusaciones contra ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos el ex director general de Trabajo Javier Guerrero y los exconsejeros Antonio Fernández y Martín Soler, citándoles a declarar tras las elecciones. Las nuevas imputaciones, que derivan ya en un total de 265 acusados, se producen tras analizar el atestado específico elaborado por la Guardia Civil sobre las ayudas a empresas y entidades de esta comarca sevillana, de las más beneficiadas con cargo al fondo de reptiles. Según los investigadores, recibió 56,4 millones de euros en subvenciones públicas directas frente a los 29 repartidos en el resto de la comunidad. Entre los nuevos imputados están Carmelo Montero y José Antonio Méndez, exalcaldes socialistas de Guadalcanal y El Real de la Jara, respectivamente, así como el exsecretario de Organización del PSOE de Las Navas de la Concepción Luis García. El resto son empresarios o representantes de ayudas beneficiadas por los fondos otorgados por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, tanto en la etapa de Guerrero como de Juan Márquez. La decisión de Alaya se produce mientras el Tribunal Supremo investiga el papel jugado por los aforados señalados por ella, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

No es de extrañar que el bipartidismo vaya a pasar a mejor vida según indican los sondeos. Si el caso Gürtel y los papeles de Bárcenas han minado al PP, los ERE fraudulentos andaluces han implosionado en el PSOE y está por ver si afectarán a las expectativas de voto de la presidenta Susana Díaz. En este escenario, el extesorero popular, Luis Bárcenas, advierte con pasar “al ataque” si el partido al que perteneció no le “trata con respeto”, según relata en una entrevista a la revista Interviú en%2