Parece pura inercia. La dinámica en la que está embarcado el Gobierno español en relación a los presos del EPPK -y a sus disidentes- es un terreno de juego tan trillado que no hay forma de que ruede nada por él. Rajoy da pocas sorpresas en este asunto, pero causa extrañeza el modo en que su Gobierno se ha lanzado a este barrizal. Puede ser coincidencia la operación contra los abogados de los presos y el rechazo del Tribunal Supremo al descuento de la pena cumplida en Francia por Kepa Pikabea, pero da la impresión de que hay pocas casualidades.

El Gobierno del PP está pasando de un espacio de placidez sobre pacificación durante toda la legislatura a otro de hiperactividad descontrolada. Comenzó al constatar que hay un fundamento legal vigente desde 2010 en la Unión Europea que permitía a los presos que lo requirieran reducir su estancia en prisión computando la pena cumplida en otro país de la UE. Alguien echó cuentas y vio que el año electoral de Mariano Rajoy podía estar marcado por un goteo de excarcelaciones de decenas de reclusos condenados por terrorismo. Lo que no se hizo en cuatro años, se improvisó en días y se traspuso la norma interpretándola en sentido contrario a su origen, que era evitar que en las democracias europeas se prolongue la estancia en prisión de un reo más de 30 años. Esa contradicción ha provocado que el Tribunal Supremo sufriera severas tensiones internas y externas. Internas, porque el que firma es el prestigio propio al pie de una decisión en la que hace falta mucha convicción política para superar las dudas jurídicas de quienes preferían una consulta prejudicial al Tribunal de Luxemburgo; externas, porque la campaña de Gobierno y PP para obtener una decisión concreta ha sido tan obscena que ha causado las quejas públicas de las más altas magistraturas.

Llega un inoportuno comunicado del EPPK que avisa de que no habrá petición de perdón ni colaboración y al Gobierno español se le disipan las dudas. Al PP le aprieta la protesta del sector más duro del colectivo de víctimas del terrorismo, que se manifiesta en unos días acusando de laxitud a Rajoy para satisfacer su dolor; justo pero trágicamente mal enfocado si pretende que para saciarlo se domestiquen principios democráticos -europeos y constitucionales- como la reinserción. Así que el Supremo fuerza una decisión de urgencia. Pero hace falta una redada que muestre a enemigos que eluden a la Justicia si no se les va a buscar armados hasta los dientes. El teatrillo tensiona esta vez al Consejo Español de la Abogacía. Por excesivo, por el descrédito de la acción de la Justicia y la desproporción del montaje.

¿Por qué tiene el PP tanto temor al desgaste en este asunto? Votos no le va a dar, lo dicen las encuestas. Rajoy ha jugado con la ventaja de no verse apretado para tomar decisiones que faciliten una solución al final de ETA, a la reinserción de los presos ni a la restauración de la convivencia en Euskadi. Él no vive en Euskadi y nadie en Madrid habla de esto desde hace tiempo. Pero al calor de la alarma social por lo ocurrido en Francia, el terrorismo es de pronto una posible baza. Y aparecen 16 presuntos miembros de ETA, nada menos, detenidos por la Guardia Civil. Lo que tiene aquí el PP que le falta en todo lo demás es un discurso sin contestación. Los partidos españoles son cesantes en esto. Así que es pura inercia en año electoral. Lo sorprendente es que vuelva a errar en el objetivo. Y el precio. Rajoy tiene mal enfocado el viaje si en el camino tiene que quemar las alforjas, como está haciendo con la credibilidad del Poder Judicial y el Derecho (Código Penal, ley mordaza,.. etc). Esa tierra quemada lo convierte en el último viaje que podrá hacer. En 2004, ese automatismo de agitar a ETA le costó las elecciones por una mentira. Si, como esta semana ha hecho Hollande, el Gobierno hubiera justificado con el ataque en casa la necesidad de estar en una guerra fuera, quizá no habría habido fenómeno Zapatero. El presidente francés ha conseguido que en su país nadie cuestione que el fracaso en la seguridad interior se vaya a compensar ahora reactivando el gasto militar proyectado a misiones en el extranjero, como ha anunciado. Somos así. Pero, hace una década, aquel gobierno saliente prefería apuntar hacia el enemigo conocido. Hoy, ETA ya no sirve ni para eso.

También por eso, Sortu y EH Bildu tienen que elegir entre jugar en ese terreno o dibujar uno distinto, como ya hizo para sí misma la izquierda abertzale para poder retornar a la actividad política. Otro terreno para los presos y el desarme. Porque asumir el papel de ser acosado por el Estado también es otra forma de acomodarse. Esa estrategia, siendo de iniciativa ajena, le permite centrar el foco sobre sí y desenfocar las iniciativas del Gobierno vasco en materia de presos, desarme, víctimas o estatus político. Puede ser otra inercia, pero en ese viaje pueden arder también las alforjas de todos.