Madrid - El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco envió ayer a la prisión de Soto del Real al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y al empresario de la construcción David Marjaliza por formar parte de una “organización criminal” desarticulada con la ‘operación Púnica. El magistrado atribuye a Granados los delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos, prevaricación y fraude. A Marjaliza le imputa todos estos delitos más los de utilización de información confidencial y falsificación documental.
La resolución judicial, adoptada a petición de las fiscales Carmen García y María Teresa Gálvez, detalla que el exnúmero dos del PP madrileño es “titular de algunas de las cuentas de las que las autoridades suizas han informado que existe sospecha de blanqueo de capitales agravado”. De igual modo, el juez considera que existen indicios de que “a lo largo de su carrera pública” el también exalcalde de Valdemoro habría beneficiado a Marjaliza y a otros empresarios como José Luis Huerta “en materia de contratación pública y urbanismo”, de forma que tomó parte en “una red de tráfico de influencias que ha utilizado también en beneficio propio”. La investigación también ha identificado diversas operaciones inmobiliarias que se sospecha que podrían haberse presentado como “contraprestación” de los empresarios beneficiados a cambio de las labores que habría desarrollado el exdirigente del PP.
Más de dos horas declarando Granados, que declaró durante dos horas y veinte minutos, negó el cobro de comisiones ilegales a cambio de haber mediado en la adjudicación de contratos públicos y aseguró que la cuenta de Suiza que se le atribuye es en realidad de Marjaliza, quien se acogió a la amnistía fiscal. El empresario, por su parte, se ha acogió a su derecho de no declarar.
En relación con Marjaliza, Velasco señala que es “el centro de una amplia red de tráfico de influencias que ha patrimonalizado la actividad pública de contratación y de urbanismo con la colaboración de funcionarios y autoridades públicas”, así como la “cabeza de un amplio entramado empresarial” que funcionaba como “núcleo de una organización criminal” cuya actividad estaba vinculada a “actuaciones administrativas”.
Titular de “algunas de las cuentas” que Suiza está investigando por blanqueo de capitales, Marjaliza se dedicaba a conseguir “promociones urbanísticas, contratos públicos o concesiones administrativas” y se habría aprovechado de “sus amplias relaciones personales y políticas para lograr las adjudicaciones irregulares tanto para sus propias empresas como para terceros”. A cambio, recibía “una comisión por su actuación”.
El juez también señala que el constructor creó “un complejo entramado empresarial para ocultar los beneficios de su actividad, tanto la lícita como la delictiva”, al objeto de “evitar el control de las autoridades” y dificultar que los beneficios se identificaran con “las adjudicaciones públicas continuadas que recibe en aquellas administraciones donde actúa en concertación con autoridades públicas y funcionarios corruptos”. - DNA
