regresará a Argentina la jueza María Servini, con la satisfacción del deber cumplido y la convicción de que el franquismo no ha concluido del todo casi cuarenta después de la muerte del dictador. No se lo han puesto fácil, no, para llevar a cabo su complicada tarea de esclarecer los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo, crímenes perpetrados no solamente durante la guerra civil sino también en la interminable dictadura en que derivó el conflicto bélico.

La jueza María Servini se ha topado con demasiadas trabas para su trabajo, ha soportado con discreción y paciencia artimañas, demoras y portazos, y ha tomado nota de la parcialidad de la justicia española a la hora de aclarar qué ocurrió tras la rebelión militar de 1936. Estas obstrucciones han sido para ella aún más notorias, en comparación con las facilidades que encontró en el juzgado de Gernika, por donde comenzó su trabajo tomando declaración a los hijos de un fusilado por los franquistas. Pasar la muga y toparse con el portazo en el juzgado de Miranda de Ebro fue todo un síntoma de las dificultades que le esperaban.

Está claro que a los poderes del Estado español no les hace ninguna gracia el trabajo de la jueza María Servini. No les gusta, en primer lugar por tratarse de una magistrada extranjera lo que algunos estamentos políticos y judiciales consideran una injerencia inadmisible. Pero no les gusta, fundamentalmente, porque la jueza argentina viene a meter las narices en la más nauseabunda cloaca de nuestra historia reciente a la que jamás esos poderes han querido ni asomarse.

Desde los medios afines, el Gobierno español ha deslegitimado a María Servini desde que iniciara sus investigaciones sobre los culpables de los crímenes del franquismo, crímenes que considera de lesa humanidad y por ello no afectados por la prescripción. Sin embargo, la iniciativa de la jueza y su presencia en el Estado español debería abochornar a los responsables políticos tras la dictadura y, sobre todo, debería avergonzar al poder judicial español que en lugar de haber investigado y en su caso sancionado a los culpables de los crímenes de la dictadura franquista, se dedicó a quitarse de en medio al juez Garzón, que había intentado husmear en el estercolero aunque quizá solo lo hiciera por protagonismo.

El duro trabajo de la jueza argentina debería abochornar también al poder legislativo, a los políticos españoles que por mayoría derogaron recientemente la ley de justicia universal. Los tres poderes españoles han sido proactivos en enterrar las responsabilidades de crímenes contra la humanidad que en todos los países civilizados han sido sancionados de manera eficaz, incluso después de haber pretendido absolverlos en primera instancia con leyes de punto final. La perseverancia y la calidad democrática de los poderes de esos estados -véase Chile o Argentina- devolvieron el derecho a la justicia para las víctimas y sus allegados.

La ardua tarea de la jueza Servini ha puesto de manifiesto el camelo de la tan cacareada Transición española y con el retroceso que supuso la derogación de la Ley de Justicia Universal se ha comprobado que sobre ese tipo de delitos, los de lesa humanidad, es mejor correr un tupido velo o taparlos con la losa de la impunidad. Porque nunca el Estado español ha tenido interés ni voluntad política ni siquiera para abrir el debate sobre aquellos crímenes, y han preferido echar por delante a los fiscales a sus órdenes para echar una mano a torturadores como el capitán Muñecas o el sádico policía Billy el Niño, y si las cosas se complicasen, para echar mano del indulto. Siguen apelando a la Ley de Amnistía de 1977, que si puso en la calle a unos cientos de vinculados a ETA o a partidos políticos ilegales, decretó un escandaloso Punto Final para decenas de miles de responsables -militares, policías, políticos, funcionarios...- de una represión feroz que se ejerció durante cuarenta años con plena impunidad. Se hizo una Transición a la medida de los responsables vivos y coleando de crímenes contra la humanidad, porque nadie se atrevió a ponerle el cascabel al gato. Más tarde, se utilizó aquella amnistía para recordar que los etarras quedaron libres y utilizar aquella libertad como argumento político.

Más tarde, en 2007, se sacó adelante en el Congreso español la Ley de Memoria Histórica a regañadientes, sin dar ninguna facilidad para desarrollarla, sin ninguna colaboración oficial para aplicarla haciendo la excepción de la CAV y Nafarroa, gracias a la presión social y a la voluntad política para ello.

Regresará la juez Servini a Argentina posiblemente con escasos logros, pero su presencia nos ha devuelto la dignidad y la memoria democrática gracias a los testimonios aún vivos víctimas de aquellos crímenes. Podemos comprobar que es mentira aquello de que investigarlos tras la dictadura no era posible por demasiado pronto, ni tampoco ahora por demasiado tarde. Muy posiblemente no podrá restituirse la justicia a esas víctimas, pero es el mejor momento para abrir un debate valiente sobre la Transición.