Bilbao. El Gobierno español irrumpió ayer en el debate que se está produciendo en el seno del colectivo de presos de ETA, pero no de la forma que le reclamaban los distintos actores que intervienen en el proceso de paz. Y es que una operación de la Guardia Civil, desarrollada en distintos puntos de la CAV y Nafarroa bajo la dirección de la Audiencia Nacional, desarticuló el núcleo del denominado grupo de interlocución del EPPK con la detención de ocho personas, incluidos los abogados Arantza Zulueta y Jon Enparantza, y la práctica de numerosos registros. El grueso del operativo tuvo lugar en el despacho de la letrada en Bilbao, donde se produjeron seis arrestos.

Se trata de Zulueta, Enparantza, Egoitz López de la Calle, Aitziber Sagarminaga y José Campo, todos ellos integrantes de la comisión de interlocutores del colectivo de presos, además de Mikel Almandoz, expreso de la banda que fue puesto en libertad en octubre. Fueron sacados esposados de uno en uno de la oficina mientras los agentes procedían a su registro. Los que permanecieron más tiempo en el interior fueron Zulueta y Sagarminaga. Fuentes cercanas a los detenidos informaron de que entre los arrestados en el operativo también se encontraban Asier Aranguren, que fue detenido en su domicilio en Iruñea, y Aintzane Orkolaga. Al margen de los dos abogados, el resto son expresos de ETA.

La abogada de la izquierda aber-tzale Amaia Izko, presente en el registro en Iruñea, explicó a DNA que los ocho detenidos están acusados de pertenencia a ETA. Agregó que los mismos se encuentran en situación de detención comunicada, un hecho insólito en este tipo de actuaciones a excepción de la operación contra Herrira del pasado septiembre, ya que la incomunicación de los arrestados ha sido la tónica habitual.

Fuentes de la lucha antiterrorista señalaron ayer a los detenidos como miembros de Koordinadora Taldea o KT, cuya máxima responsable sería Arantza Zulueta, y al que atribuyen la función de "garantizar la homogeneidad ideológica de los presos de la banda terrorista con el fin de que no abandonen su disciplina". Les acusan por ello de ejercer de "correa de transmisión entre ETA y las cárceles" como responsables del también llamado frente de makos. De hecho, las mismas fuentes consideran que se trata de la única estructura de ETA que todavía opera en el Estado español.

El grupo de interlocución del colectivo de presos fue presentado en julio de 2012 y estaba integrado entonces por 25 personas ligadas a la izquierda abertzale, expresos y abogados con la misión de entablar contactos con agentes políticos vascos e internacionales para tratar de buscar una solución a los internos de ETA. En el transcurso de la jornada, la Guardia Civil se personó también en el despacho de Jon Enparantza en Hernani para registrarlo, así como en su domicilio en el barrio del Antiguo de Donostia, en cuyas inmediaciones desconocidos incendiaron un contenedor. Agentes se desplazaron a su vez a otros puntos como Lasarte o a los barrios de Atxuri y Otxarkoaga.

Este golpe de mano del Ejecutivo español se ha producido cuando se especulaba con un nuevo comunicado de ETA que dé respuesta a las recomendaciones que le trasladó el Foro Social -impulsado por Lokarri y Bake Bidea- en relación a su desarme. También ha tenido lugar a escasos tres días de la manifestación en favor de los derechos de los presos convocada este sábado en Bilbao. Fuentes del Ministerio del Interior argumentaron que la operación Xake es una continuación de la desarrollada el pasado septiembre contra el grupo de apoyo a los presos Herrira. De hecho, ha derivado de la documentación incautada en esa ocasión.

"Un tsunami" Las detenciones se encuadran en un momento clave del proceso, cuando el inmovilismo del Gabinete de Mariano Rajoy tras el fin definitivo de la actividad de ETA, así como la derogación de la doctrina Parot, han propiciado un golpe de timón en el seno del colectivo de presos para dar una salida a los más de 500 reclusos que siguen en prisión. En primer lugar, el EPPK emitió el 28 de diciembre un comunicado en el que daba vía libre al acceso a beneficios penitenciarios de forma individual y aceptando la legislación vigente, un hecho inédito en su trayectoria.

A este paso le siguió el acto del pasado sábado en Durango, que fue impulsado precisamente por el grupo de interlocución descabezado ayer. En dicha convocatoria, expresos de ETA que han abandonado recientemente la cárcel, sobre todo por el fin de la doctrina Parot, asumieron los principios hechos públicos una semana antes por el EPPK. Al mismo tiempo, los mediadores del colectivo de presos presentes leyeron un comunicado propio en el que llamaron a participar en la manifestación del sábado. Varios de los arrestados ayer estuvieron presentes en ese acto, como Arantza Zulueta, Jon Enparantza, Aitziber Sagarminaga -que se encargó de alquilar el local-, Egoitz López de La Calle y Mikel Almandoz.

A raíz del operativo de ayer, los interlocutores del EPPK afirmaron a través de Twitter que se necesita "un tsunami" que responda al llamamiento de Tantaz Tanta para la movilización de pasado mañana. Uno de los principales actores en el proceso de paz, Lokarri, que impulsó a su vez el Foro Social, consideró la operación como "una respuesta destructiva que no pretende más que detener la esperanza en una pronta consolidación del proceso de paz". Defendió además la labor de los detenidos, que "ha sido clave para facilitar que el colectivo de personas presas haya tomado las recientes decisiones hechas públicas". Por ello, les definió como "una pieza importante para la consolidación del proceso de paz" y reclamó su "puesta en libertad".

En un sentido totalmente opuesto, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, valoró ayer que los arrestos han servido para desarticular "el tentáculo" que desde la banda armada permitía controlar a los presos. En declaraciones a los periodistas, explicó que es una continuación de la operación de hace tres meses contra Herrira, y agregó que demuestra que el Gobierno español "ni ha negociado ni negociará" con ETA y seguirá trabajando con toda la fuerza de la ley. "Es un paso más en la batalla que el Estado de Derecho está librando contra ETA para lograr su definitiva disolución", concluyó.

Antes de las detenciones, durante el Comité Ejecutivo Nacional del PP que se celebró en Génova, el presidente del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, aseguró que "nunca" ha negociado nada con la banda. Según fuentes populares, ante las críticas vertidas por Esperanza Aguirre por el acto de los presos en Durango, insistió ante los suyos en que la política antiterrorista y penitenciaria es la misma que cuando él ocupaba el cargo de ministro del Interior con José María Aznar.