bruselas/madrid. Obligado por las circunstancias, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tuvo que hacer frente ayer en Bruselas, a la conclusión del Consejo Europeo, a varias preguntas sobre las 14 horas que la comisión judicial estuvo en la sede del partido que preside. Rajoy mostró su respeto a la decisión de Ruz de requerir información en las oficinas de la calle Génova y destacó que los dirigentes del PP y él mismo están "tranquilos".
"Todos debemos respetar las decisiones que adopte la Justicia y colaborar con ella", señaló el presidente, quien dijo que esas son las instrucciones que ha trasladado a los dirigentes del Partido Popular y que es lo que han hecho quienes han estado presentes durante la actuación judicial en la sede del PP.
No hubo más valoraciones, ya que no quiso hacer comentario alguno ante el hecho de que ese requerimiento se haya realizado mientras él estaba fuera de España y se remitió a su acatamiento de las decisiones judiciales. Sí quiso precisar que no ha habido registro alguno en la sede del PP, sino que lo que se ha pedido es colaboración y el partido se la ha dado.
el gobierno no opina La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, también expresó su respeto a la decisión del juez, pero añadió que al Ejecutivo lo que le corresponde es "gobernar" para sacar a España de la crisis. "El Gobierno lo que tiene que hacer es gobernar, seguir trabajando para sacar a este país de la crisis y respetar en todo caso las decisiones de otros poderes del Estado", declaró Sáenz de Santamaría, al ser preguntada sobre cómo puede afectar a la imagen del Gobierno español el hecho de que el juez diga que el PP dio "cobertura a una facturación oficial ficticia".
En cuanto a si pierde valor el plan de regeneración democrática aprobado hace una semana por el Gobierno ante lo ocurrido en la sede de la calle Génova, la vicepresidenta comentó que al Ejecutivo lo que le corresponde es impulsar leyes para luchar contra la corrupción. "Como Gobierno, respetamos las decisiones judiciales. A los jueces les corresponden en este caso instruir, que no juzgar, y al Gobierno lo que le corresponde es aprobar o proponer las leyes necesarias para reforzar aquello que considera que tiene que ser objeto de un mayor refuerzo".
En este sentido recordó que el Ejecutivo ha planteado varias medidas contra la corrupción, como la Ley de Transparencia (ya aprobada) o un plan de regeneración que incluye normas como una ley de control económico financiero de los partidos y otra que afecta al régimen de obligaciones de los altos cargos de la Administración General del Estado, así como una reforma en el ámbito penal. A su entender, esas normas son "lo suficientemente potentes" para dar una respuesta a "una serie de cuestiones que hay que clarificar".
