Vitoria. La condena al "político y ciudadano ejemplar", según lo definió Rajoy, representada por Carlos Fabra de manera tan burda y grotesca como la escultura erigida en su honor en el aeropuerto sin aviones de Castellón, marca el epílogo de una era fétida en el PP valenciano, foco de despilfarro y corrupción. Castigado a cuatro años de prisión por un delito fiscal continuado contra Hacienda (la sentencia será recurrida por la Fiscalía Anticorrupción y por la defensa), Carlos Fabra fue el eje en el que pivotó el Partido Popular en Valencia durante años. El político de los aplausos, los homenajes y los vítores. Tejedor de una red clientelar sin parangón desde la Diputación de Castellón, donde gobernó durante 16 años, Fabra movía los hilos del PP en Valencia por su capacidad de empatar con unos y con otros. De estilo caciquil, su fama de conseguidor le hizo indispensable en los bajos fondos de la política. "Un rey muy querido y muy temido por sus adversarios", dijo de él Alberto Fabra, presidente de la Generalitat, que comparó al condenado Fabra con Ricardo Corazón de León.
Eliminado de su radio de acción cualquier Juan sin Tierra que pretendiera moverle la silla, todo el que quisiera hacer carrera en Valencia necesitaba su bendición. Apadrinaba políticos. Virrey de Castellón, fue Carlos Fabra quien impulsó a los tres últimos presidentes de la Generalitat valenciana gracias a su destreza entre bambalinas. Eduardo Zaplana, Francisco Camps y Alberto Fabra pertenecían a su cuadra. Los tres fueron caballos ganadores en la recta de tribunas de la Generalitat. Para promocionar a Zaplana, Carlos Fabra se alió con el ala alicantina del PP. De esa unión estratégica, Zaplana obtuvo el laurel en las cortes valencianas. Ese pacto lo quebró Fabra por necesidades del guión para que Francisco Camps se hiciera con el mandato del Gobierno en Valencia. Para entonces, Zaplana había escalado hasta La Moncloa de la mano de Aznar. A Camps, otro de sus protegidos, le devoró el asunto de los trajes. Sentado en el banquillo de los acusados, se le agotó el crédito. Francisco Camps se vio obligado a dimitir y Carlos Fabra actuó en favor de Alberto Fabra, alcalde de Castellón, y uno de los alfiles de su tablero. También la Diputación era cosa suya. Hasta que la abandonó el pasado año alegando "motivos personales".
Incluso cuando fue denunciado por el empresario Vicente Vilar a finales de 2003 -por cobrar dinero a cambio de agilizar los trámites de los permisos fitosanitarios en el Ministerio de Agricultura-, Carlos Fabra continuó en el trono de Castellón sin pestañear. A pesar del cerco al que le sometía la Justicia, Fabra, que alargó la causa durante una década con incontables recursos, siguió ganando elecciones por aplastamiento. De ahí su célebre frase de que "el pueblo me ha absuelto" después de lograr la mayoría absoluta en 2007. Fabra se creía intocable, invulnerable. En realidad, tenía motivos para ello. En paralelo a sus conquistas electorales, desde sus gafas negras siguió gestionando cada centímetro del engranaje de su partido. En el congreso regional del PP, Francisco Camps modificó los estatutos de la formación en 2008. Con la nueva letra, la suspensión automática de funciones y militancia únicamente se produciría en caso de una condena firme en un procedimiento penal por la comisión de un delito doloso. El partido era un traje a su medida y a la de Camps.
centenar de imputados Si en el debate de las urnas eran pocos los que cuestionaban el proceder de Fabra, en el partido todos le consentían, conocedores de su poder inagotable en las entretelas del PP. Al barón de Castellón nunca le señaló nadie con el dedo índice. Muy al contrario, a Fabra le rendían pleitesía a pesar de que la causa avanzaba, inexorablemente, en contra de los intereses del político una vez que a los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias se le sumaron los expedientes de la Agencia Tributaria por fraude fiscal. Eduardo Zaplana, portavoz del gabinete de Aznar, se mostró "convencido de la honorabilidad" de su promotor. Entre agasajos y lisonjas, Fabra continuaba en su castillo. "Un político y ciudadano ejemplar", según Mariano Rajoy, entusiasta de Fabra en su visitas mitineras a la comunidad valenciana, símbolo del derroche, de delirios de grandeza y de corruptelas varias.
Desde su rincón de Castellón, que siempre mantuvo alejado de cualquier contagio de virus que socavara su liderato, estaba al tanto de cualquier papel que se moviera en la comunidad, epítome de la decadencia y del mal gobierno. En la Valencia de Terra Mítica, de la Fórmula-1, de la Copa América, de la visita del Papa; la de un escaparate rutilante que se ha sabido de cartón piedra, se acumulan toneladas de lodo, el fango de la peor política. Su mancha pringa al PP en las Cortes valencianas, donde ocho de sus diputados están imputados en distintas causas como Gürtel y Brugal. A pesar de ello, continúan en sus escaños.
Aunque escandaloso, este modo de operar no es novedoso en Valencia, donde se acumulan un centenar de políticos, alcaldes, consejeros, altos cargos y funcionarios imputados sin que el PP haya actuado de manera contundente contra ellos. La lista de la corrupción, presente en Tierra de Saqueo, un libro escrito por el periodista Sergi Castillo, describe el modo de proceder de casi dos décadas del PP al mando de las instituciones valencianas, infectadas hasta el tuétano por episodios como la trama Gürtel, la rama valenciana de Nóos, el caso Brugal, las gestiones en Terra Mítica o Canal 9. Fabra, absuelto de cohecho y de tráfico de influencias, castigado por defraudar a Hacienda con cuatro años de cárcel, asoma como el banderín de enganche de esa era. "Un visionario y el autor intelectual de este proyecto, que ha sufrido mucho para explicar lo necesario que era", dijo de él Francisco Camps en la inauguración del aeropuerto sin aviones de Castellón.