EL uno de octubre de 1975 el dictador Francisco Franco, junto al que entonces era su protegido y luego sucesor en la Jefatura de Estado -entonces príncipe y hoy rey Juan Carlos de Borbón-, pronunciaba su último discurso en la Plaza de Oriente. Eran tiempos revueltos. Las manifestaciones en distintos puntos de Europa, incluido un ataque a la embajada española en Portugal, se sucedían. Una cadena de protestas le decían al decrépito régimen franquista que fusilar era una barbaridad arbitraria.

Clamaba Franco, ya más cerca de aquel mundo que de este: "Todo obedece a una conspiración masónica izquierdista en la clase política en contubernio con la subversión comunista-terrorista". Gracias a un programa de La 2 de TVE que estas semanas ha recuperado el NODO he revivido parte de aquel despliegue propagandístico en el el que aparecían exaltados españoles dando la razón al dictador. No está tan lejos lo que ha sucedido esta semana.

De la España gris, vuelvo a la de TDT e Internet. La sentencia sobre el caso Parot y un zapeo televisivo me aroja un resultado desolador: España, en esto de la propaganda, sigue igual. Salvo excepciones, se trataba de buscar "más madera" en favor de la postura más sencilla: "Europa no nos entiende". Como quiera que por delante quien debía hacer pedagogía sobre el cumplimiento de leyes, los ministros del ramo, se habían dedicado a alimentar lo irracional, el plato estaba servido.

Mi impresión es que España, más en concreto su Gobierno y sus principales medios de comunicación, ha perdido una excelente oportunidad de acercarse a Europa desde la pedagogía. La que aconsejaba el sentido común, la que dictaba que lo sensato era admitir que se habían venido vulnerando los derechos humanos -¡casi nada!- y que era momento de rectificar sin ingeniería jurídica alguna. Una comparecencia que hubiera marcado una senda: acompañamiento de las víctimas y respeto legal. No son incompatibles pero este tremendismo tan español lleva insistir en el disparate, arrastrar a los principales medios de comunicación y así a calentar a la opinión pública.

El Gobierno español tenía un problema antes de esta sentencia. Ahora tiene dos: cumplir y explicar. Esto es convencer a la ciudadanía española de que un Estado que se dice democrático debe cumplir los convenios que suscribe por voluntad propia.

Me he referido a la televisión. A la española. Esa misma tarde recalé primero en ETB-2. Pero me quedé en ETB-1. Nuestra televisión pública pasó con creces la nota. En las dos encontré voces plurales, que discrepaban y que lo hacían incluso de manera ácida. Pero hay un misterio al que no termino de encontrar razón: por qué en euskera se puede debatir con sosiego lo que en castellano se convierte en un griterío. ¿Y la radio? Me pongo a repasar quiénes han estado esta semana en las charlas de Onda Vasca y compruebo con alivio que estamos mucho más cerca de ese debate plural y respetuoso que del linchamiento televisivo español.

Ha escrito Javier Vizcaino de la intervención del secretario general de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernandez, en el programa Gabon y ha resaltado algo que a mí también me dejó pensando: lo positivo que sería escuchar algo no previsible, pero a todas luces lógico y además demandado por la mayoría de la sociedad vasca.

¿Qué sería deseable e imprevisible? Por ejemplo, que en cumplimiento de esa sentencia y sin obstáculos añadidos de la Fiscalía con recursos cuyo único fin es la dilación, los sesenta reclusos de ETA afectados pudieran salir en breve de las prisiones. Sumen los que en una segunda tanda estarían en la misma situación y completen la lista con los afectados por enfermedades graves o incurables. Eso es responsabilidad del Estado.

Pero hay más. Esa lista podría ampliarse si ETA favoreciera, de la misma manera que admite que uno a uno los presos afectados por la doctrina Parot recurran, que el resto de presos pudieran también acogerse individualmente a los beneficios penitenciarios que les corresponden según la actual legislación. En total, estamos hablando de más de la mitad de los reclusos, de ETA o condenados en sumarios relacionados con la izquierda abertzale, que estarían en libertad o en un régimen de tercer grado en el plazo de dos años. En Irlanda del Norte se hizo así o muy parecido.

¿Y las víctimas? Sólo hay una manera de no añadir dolor a su dolor: el reconocimiento del daño causado, que incluye desde luego eliminar el aplauso público de quienes cometieron esos crímenes. Eso es una responsabilidad directa de quienes durante décadas los han justificado. Ya estamos en la fase intermedia, en la de no repetir errores, ahora hace falta un nuevo impulso.

Europa, sus tribunales y sus garantías, no es ni el problema -como parece alimentar el Gobierno español- ni la solución -la izquierda abertzale ha acogido la sentencia en términos de victoria-. Los deberes empiezan en casa y según todas las encuestas sociológicas muestran un apoyo mayoritario que debería animar a sustituir en quienes está en su mano lo previsible por lo lógico.