Vitoria. Los dos años transcurridos desde que el 20 de octubre de 2011 ETA decretó el fin definitivo de su actividad se han caracterizado por la falta de avances y la parálisis de las partes implicadas. El Gobierno español no ha dado ningún paso en materia penitenciaria para la liberación de los presos de la banda y el grupo armado tampoco ha movido ficha en relación a su desarme y disolución definitiva. En esta situación de bloqueo, la sentencia sobre la doctrina Parot que la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) hará pública mañana puede ser, por su trascendencia, el movimiento sísmico que necesitaban las placas tectónicas del proceso de paz para desplazarse en alguna dirección.

No en vano, la situación de los presos de ETA es uno de los nudos gordianos del conflicto, y en concreto la derogación de la doctrina Parot ha sido asumida por la izquierda abertzale y los colectivos en favor de los reclusos como uno de sus principales caballos de batalla. Consciente de esta importancia, y atenazado por los sectores más radicales de su entorno, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se mantiene inflexible en lo que a la política penitenciaria se refiere. Ello ha desembocado en un tira y afloja que, pese a los esfuerzos de diferentes actores políticos y sociales, impide atisbar una solución a corto plazo.

Instaurada en 2006 por el Tribunal Supremo, la doctrina Parot ha prolongado la estancia en la cárcel de 93 presos de ETA -71 de ellos todavía en prisión-, junto a siete más acogidos a la vía Nanclares tras renegar de la banda. Todos ellos han visto cómo se les aplicaban los beneficios penitenciarios sobre cada una de sus condenas y no sobre el máximo de cumplimiento de 30 años, según el antiguo código penal. Una forma de proceder que también ha afectado a una treintena de reclusos por delitos graves sin relación con el grupo armado.

La Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo, integrada por 17 jueces, hará pública su decisión sobre el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra la sentencia de la Corte europea que, en julio de 2012, determinó que la aplicación del fallo 197/2006 a la presa de ETA Inés del Río contravenía dos artículos del convenio europeo de derechos humanos: el 5 sobre los derechos a la libertad y seguridad y el 7, que recoge la irretroactividad de la ley penal desfavorable. Entonces, el TEDH instó al Gobierno español a indemnizar a Del Río y a dejarla en libertad a la mayor brevedad posible. En lugar de ello, el Gabinete Rajoy recurrió la sentencia.

Desde el primer momento, el Ejecutivo del PP sabía que lo más probable es que el tribunal con sede en Estrasburgo falle en contra de su recurso -es poco habitual que enmiende la plana a una decisión adoptada de forma unánime por una de sus salas-, razón por la que lleva meses preparando el terreno. Además, la sentencia de la Gran Sala es definitiva y, por tanto, no se puede recurrir. Ya antes de la vista que se celebró el 20 de marzo en Estrasburgo, en la que los abogados del Gobierno y los de Inés del Río defendieron sus respectivas posturas -tras lo que el recurso quedó visto para sentencia-, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, realizó una gira por Europa con el fin de recabar apoyos alegando que la derogación de esta doctrina acabaría afectando a otros países. Afirmó para ello que se dejaría en libertad a presos de ETA, pero también a otros peligrosos delincuentes.

Una alarma social en la que han incidido otros miembros del Ejecutivo como el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Cuando el Estado presentó su recurso en octubre, dijo que fallar en contra de la doctrina "no solo afectaría a los presos terroristas sino a los pertenecientes a organizaciones criminales, asesinos en serie, violadores, etc.". El último en pronunciarse fue, el pasado miércoles en el Congreso a preguntas del PNV, el presidente español Mariano Rajoy. Así, defendió que esta doctrina es "correcta, justa y necesaria porque distingue la situación entre quien ha sido condenado por un solo delito y quien lo ha sido por 23 o 25".

El mismo día en que tuvo lugar la vista de la Gran Sala sobre el recurso del Estado, Jorge Fernández Díaz se puso la venda antes que la herida y anunció que, en caso de que la sentencia fuera desfavorable al Gobierno, llevarían a cabo "ingeniería jurídica" para salvaguardar la doctrina Parot. Esta postura se ha atemperado con el paso de los meses, y el pasado lunes el fiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce admitió que, dado que España es firmante del convenio internacional del TEDH, "lo lógico es que aplique la doctrina que emane de esa sentencia".

Adelantó, eso sí, que habrá que "examinar cada caso concreto", ya que el recurso presentado ante el tribunal se refiere tan solo a Inés del Río, lo que no implica, a su juicio, "la anulación de la doctrina Parot". Esto hace prever una larga lucha en los tribunales con el registro de decenas de recursos y la judicialización de cada aplicación de la 197/2006. Rajoy insistió esta misma semana en que deberán ser los tribunales los que den el cauce adecuado al fallo de la Corte europea, por lo que la pretensión de la izquierda abertzale de que los presos regresen a casa puede no ser tan sencilla en estos casos.

Revés al Estado La izquierda abertzale también está necesitada de su propio espaldarazo con la posible derogación de la doctrina Parot. Tras el anuncio en 2011 del cese de su actividad, ETA no ha dado ningún paso más, pese a los reiterados requerimientos para que entregue su arsenal de armas. Ello ha tenido como consecuencia que la Comisión Internacional de Verificación del alto el fuego diera de plazo al grupo armado hasta después del verano para mover ficha. En caso contrario, el grupo liderado por Ram Manikkalingam procedería a disolverse por considerar que ya no tiene razón de ser.

Una sentencia del TEDH contraria al recurso del Estado español supondría un importante revés para el inmovilismo que el Gobierno popular ha mantenido a rajatabla desde un momento concreto: el 23 de octubre de 2012, cuando el preso de ETA Iosu Uribetxebarria abandonó el Hospital Donostia para regresar a su domicilio en Arrasate por razones de salud, al padecer un cáncer de riñón con metástasis en fase terminal.

La enorme presión ejercida contra esta decisión por los sectores más extremistas del entorno del PP, incluyendo colectivos de víctimas como la AVT, ha atenazado de tal forma al Ejecutivo de Rajoy que ha abortado cualquier avance en materia de normalización y pacificación. Aquí se enmarca la ralentización de la vía Nanclares y la paralización de los encuentros que estaban protagonizando víctimas con presos adscritos a este movimiento. También la expulsión de la dirección de ETA de Oslo -donde se encontraba para establecer una negociación con el Estado-, la detención de seis presuntos miembros de la banda en mayo y la reciente operación contra los dirigentes de Herrira.