sevilla. Nueve personas fueron detenidas ayer en la segunda fase de la operación Heracles relacionada con el fraude en los ERE subvencionados por la Junta andaluza, que se desarrolla en ocho provincias del Estado español. Según fuentes judiciales, que situaron las detenciones en Sevilla (3), Córdoba (2), Málaga (2), Cádiz (1) y Segovia (1), el ex secretario de Organización de Industria Textil de CCOO de Andalucía Juan Antonio Florido y el empresario José María Sayago, vinculado con la trama de ayudas a las empresas de la Sierra Norte de Sevilla, asistieron al registro de sus viviendas y no fueron detenidos como se había apuntado en un primer momento. Sin embargo, sí lo fueron el ex secretario de Desarrollo Industrial de CCOO-A Roberto Carmona; el secretario general de la UGT de Cádiz, Salvador Mera; Enrique Rodríguez, ex gerente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en Sevilla y actualmente responsable del área de Empleo e Innovación de la Diputación de Sevilla; y Ángel Quesada, director de un complejo hotelero de la localidad malagueña de Torremolinos, e, igualmente, vicepresidente de la patronal hotelera de la Costa del Sol (AEHCOS).

La Guardia Civil informó de que los delitos investigados se refieren a irregularidades en la concesión de las ayudas a empresas por parte de la administración, a miembros de sindicatos que habrían favorecido la tramitación, así como a empresarios que habrían obtenido de forma irregular fondos públicos dedicados a las empresas. Asimismo, se investiga la implicación de distintos profesionales de banca en presuntas actividades vinculadas al blanqueo de capitales, relacionadas con las referidas tramas. La operación, que se enmarca en las diligencias instruidas por la jueza Mercedes Alaya, es fruto de la documentación recabada en la primera fase de la operación, "de donde se obtuvieron nuevos datos que apuntaban a personas que habrían participado en los delitos investigados". El ámbito de actuación se circunscribe a Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba, Jaén, Madrid, Barcelona y Segovia. Registrada la vivienda del ex concejal del PSOE en El Pedroso (Sevilla) José Enrique Rosendo, fuentes de la investigación señalaron que estaba previsto arrestar a una decena de personas e imputar a medio centenar en la segunda fase de la operación Heracles.

declara la ex ministra Esto coincidió asimismo con el día en el que declaró la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez ante la magistrada por su etapa al frente de las finanzas andaluzas como consejera (1994-2004), y lo hizo como imputada en un caso que se desarrolla por capítulos. La jueza entiende que Álvarez fue clave en la puesta en marcha del procedimiento administrativo con el que se daban las ayudas sociolaborales -las transferencias de financiación-, un sistema que Alaya considera ilegal. Álvarez afirmó que la aplicación de las transferencias de financiación son consecuencia de una traslación de una normativa estatal a las autonomías y que otras comunidades usan esta herramienta presupuestaria.

De igual forma, la ex ministra socialista consideró que no conoció los reparos de la Intervención de la Junta a cómo se estaban dando las ayudas y que el Gobierno andaluz "nunca" planteó dotar al sistema de más agilidad. Tampoco se trató en el Consejo de Gobierno, no se plantearon dotar de mayor agilidad a los procedimientos de subvenciones ni se sintieron "presionados" por los sindicatos ante la crisis de importantes empresas, zanjó la ex consejera. El sistema empleado, las denominadas transferencias de financiación a las agencias andaluzas IFA e IDEA, fue una trasposición de la legislación estatal que ya venía utilizándose bajo la denominación de subvenciones de explotación en los años 90, según el acta de su declaración a la que tuvo acceso la agencia Efe. En contra de lo aireado por otros imputados, Álvarez subrayó que las transferencias de financiación sí que podrían destinarse a "un fin concreto y específico como son las subvenciones".

La ex ministra, que declaró con un intenso dolor de muelas, entiende que pudo haber "un uso inadecuado pero no una presupuestación inadecuada", y culpó de las posibles anomalías a la Consejería de Empleo, responsable de cumplir los requisitos de las subvenciones y de someterse a fiscalización.