parís. Los desalojos de campamentos de gitanos continuaron ayer en Francia, donde la polémica por la política seguida por el ministro del Interior, Manuel Valls, sobre esta minoría, provoca una clara división dentro del Gobierno. La Policía desalojó a primera hora de la mañana un campamento situado en el centro de la ciudad de Roubaix, en el norte del país, vecina de Lille, donde el pasado día 18 también se acabó con un gran asentamiento de gitanos. El alcalde de la ciudad, Pierre Dubois, consideró que su municipio no puede hacer más por la integración de esos individuos y recordó que una treintena de ellos viven ya en viviendas sociales de la localidad.

La delegación del Gobierno, por su parte, señaló que se respetaron los derechos de los gitanos y que, aquellos que lo necesitaron, fueron realojados hasta que se tome una decisión sobre su expulsión.

Pero el desalojo supone más leña al fuego a una polémica que no cesa de aumentar en el país y que ha resquebrajado la unidad del Gobierno en este asunto y ha enfrentado a París con Bruselas.

Valls, considerado un representante del ala más centrista del Partido Socialista, incendió la mecha el pasado martes cuando afirmó que "los gitanos deben volver a Rumanía o a Bulgaria", donde las autoridades de ambos países tienen que "hacer esfuerzos para su integración", ya que la mayoría de ellos no pueden hacerlo en Francia.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos criticaron con dureza las palabras del ministro, que compararon con las pronunciadas en 2010 por el expresidente Sarkozy, responsable de una primera oleada de expulsiones. Pronto arreciaron las críticas desde su propio campo político e, incluso, desde el seno del Gobierno en el que se sienta Valls. Las palabras más virulentas las pronunció la titular de Vivienda, la ecologista Cécile Duflot, que acusó a su colega de Interior de transgredir las reglas de la República.