madrid. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz citará a los dos antiguos miembros de las fuerzas de seguridad españolas reclamados por Argentina por crímenes del franquismo que siguen vivos y han sido localizados en España, una vez la juez argentina María Servini formalice la petición de extradición. Fuentes jurídicas informaron de que se ha comunicado al juez la localización en sus domicilios de dos de los cuatro reclamados: el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, de 77 años de edad, y el exinspector Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño.
Las fuerzas de seguridad han informado, en cambio, de la defunción de los otros dos, el exescolta de Franco, Celso Galván Abascal (fallecido el 3 de agosto de 2009), y el excomisario José Ignacio Giralte (2 de abril de 2007). La primera gestión que hará ahora el juez, una vez asumido este asunto por turno de guardia, es trasladar a Argentina el fallecimiento de estas dos personas, en espera de que este país reclame la extradición de los dos exagentes que están vivos y a los que se acusa de torturas.
El juez ha tomado esta decisión después de recibir el informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el que el ministerio público se posicionaba en contra de una detención preventiva de los reclamados mientras no se cursara formalmente, por parte de la juez argentina María Servini, la petición de extradición. En esa petición, la magistrada deberá añadir la documentación sobre los hechos por los que pide su entrega y que serían constitutivos, según Servini, de los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad y torturas, y sustracción de menores. Este último cargo pretende abrir una línea de investigación desde Argentina para esclarecer vía judicial la trama de los bebés robados durante el franquismo.
petición Al respecto de esta polémica se posicionó la Unión Progresista de Fiscales (UPF) que expresó ayer su deseo de que el Gobierno esté "a la altura de las circunstancias" ante la investigación abierta por la magistrada Servini. En un comunicado, la UPF mostró su confianza en que el Ejecutivo permita que esta investigación "no choque con la oposición de las autoridades nacionales encargadas de dar cumplimiento a los tratados de extradición y de cooperación judicial internacional en material penal suscritos".
