Bilbao. Jeltzales y socialistas han podido encauzar sus discrepancias sobre el papel del Parlamento en la reforma fiscal. El preacuerdo avala la competencia de las Juntas Generales en la aprobación de los impuestos concretos, una línea roja para el PNV, pero también reconoce la potestad armonizadora del Parlamento, que puede fijar con carácter previo unos criterios comunes y generales que guíen la reforma en los tres territorios, y velar por que ninguno de ellos desfigure el mapa fiscal aprobando normas manifiestamente discordantes con el resto de las haciendas de la CAV, aunque ese precepto no resulta novedoso y ya está recogido en la ley. En concreto, si el Órgano de Coordinación Tributaria detectara una desarmonización, debería realizar un informe dando cuenta de la incidencia y trasladar ese dossier al Gobierno, que podría presentar una propuesta al Parlamento para restablecer la coincidencia entre los impuestos vigentes en los tres herrialdes.

Esas atribuciones están contempladas en la Ley de Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal de 1989 o incluso en el Estatuto de Gernika, de modo que simplemente quedan remarcadas en el documento del acuerdo para que quede constancia de su existencia y para ponerlas en valor. Además, las fuentes consultadas dudan de que ese escenario llegue a producirse, ya que para hablar de desarmonización es necesario toparse con unas normas manifiestamente divergentes que resquebrajen el mapa global de la fiscalidad, y no bastaría con ligeras diferencias en los porcentajes de una norma concreta. De hecho, y a pesar de que Bildu arrancara su mandato en Gipuzkoa aprobando por su cuenta normas fiscales con el apoyo del PSE, las mismas fuentes señalan que tampoco se consideró una desarmonización en el sentido más estricto y técnico de la palabra.

normativa El punto que podría destacar más en el texto indica que el Gobierno vasco elaborará en cuatro meses las propuestas normativas que desarrollen la Ley de Armonización para que, cuando el Órgano de Coordinación Tributaria detectara una desarmonización entre los sistemas fiscales de los territorios y lo hiciera saber al Ejecutivo, Lakua supiera cómo actuar para incoar la armonización en el Parlamento. Desde el PSE precisan que solo piden "comenzar a aplicar" esa potestad armonizadora, que ya quedó recogida, según defienden, en el artículo 41.2 del Estatuto, donde se subraya la competencia de las Juntas para aprobar impuestos atendiendo la estructura general impositiva del Estado, pero también los preceptos que pueda dictar el Parlamento. En cuanto a la aprobación de la reforma fiscal, el Parlamento podrá "debatir y acordar" las líneas básicas, aunque dejando claro que la última palabra la tienen las Juntas.

En la lucha contra la defraudación, se creará una Comisión de Lucha contra el Fraude Fiscal, que elaborará un Plan Conjunto con la participación de los tres Territorios Históricos y el Gobierno. El plan tendrá un carácter anual y establecerá unos objetivos evaluables de los que se informará, también cada año, en las Juntas y el Parlamento.