Vitoria. El presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo y miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Luis Garrido, afirma que los jueces no tienen "otra opción" que conceder permisos u otros beneficios penitenciarios a los presos de ETA, si cumplen los requisitos, aunque reconoce que no tiene que ser una circunstancia del agrado de las víctimas. Garrido se refiere a la polémica que ha suscitado el hecho de que se estén concediendo permisos a reclusos desvinculados de ETA y que han rechazado la violencia encuadrados en la denominada vía Nanclares, como Valentín Lasarte o Joseba Urrosolo Sistiaga.

El magistrado muestra su convicción de que, cuando el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional concede beneficios penitenciarios a presos condenados por delitos terroristas es porque ha estudiado los casos y ha observado que "se cumplen los requisitos legales". Considera que las resoluciones judiciales no se pueden poner en duda y añade que, aunque "es doloroso para las víctimas", no se le puede denegar a un recluso permisos si hay un cumplimiento de lo establecido en la legalidad.

Garrido subraya, además, que muchos de los condenados que están en esta situación fueron condenados antes de que se realizara la reforma del Código Penal de 1995, "que endureció muchísimo las penas y rebajó las posibilidades de reducción de penas". En este sentido, apunta que, en la sociedad, se ha ido generando cada vez "una mayor sensibilidad hacia el terrorismo", lo que conllevó a "la imposición de penas mayores y menos posibilidades de permisos" a través de la modificación del Código Penal.

El magistrado asegura que, "aunque a alguien le siente mal", a la autoridad judicial no le queda "ninguna otra opción" que cumplir la Ley, y recuerda que, para modificarla, están los parlamentos.

Asimismo, descarta totalmente cualquier posibilidad para "una amnistía general" a los presos de ETA tal y como reclaman desde la izquierda abertzale. Rechaza esta opción incluso en el caso de que la organización armada se disolviera porque "ya no es que la legislación no lo permita, sino que constitucionalmente está prohibido". A este respecto precisa que otra cosa es que, desde el ámbito político, si ETA procede a su disolución, pudiera decidirse "una cierta flexibilidad" y, en los casos que pudieran ser "dudosos", en lugar de denegar los beneficios penitenciarios, concederlos.

Por su parte, el eurodiputado del PP, Carlos Iturgaiz, censuró ayer a los jueces de la Audiencia Nacional la concesión de permisos a presos de la vía Nanclares que cumplen condena en la prisión alavesa. A su juicio, los magistrados "deberían reflexionar sobre la alarma social que provocan al dar esos permisos a criminales de ETA", además en contra de los informes del Ministerio de Interior y de la Fiscalía.

En su opinión, "a las víctimas hay que darles memoria, dignidad y justicia y esto es injusticia, indignidad y pisotear a las víctimas del terrorismo". Por ello, fue muy contundente al señalar que "no quiero ver al asesino de mi amigo y compañero (Gregorio) Ordóñez irse a pasear, lo que tiene que hacer es cumplir íntegramente las condenas y no tomando potes o en el cine", en referencia a Valentín Lasarte, condenado por el asesinato en 1985 del que fuera dirigente del PP en la CAV.

Urrosolo, junto a Gisasola y Alza, durante un reciente permiso. Foto: dna