UPyD recurre el archivo en el Tribunal Supremo del caso de las dietas opacas de Can

Se ampara en la doctrina que emana del llamado 'caso Atutxa' en el que el Alto Tribunal admitió contestación

elena urabayen

pamplona. El auto del Tribunal Supremo por el que dio archivo a la causa de las dietas de Caja Navarra no es un punto final al caso por mucho que los implicados así lo quisieran. Más allá de las responsabilidades políticas a las que tengan que hacer frente Yolanda Barcina y los imputados a partir de ahora, las partes que se personaron en la causa continúan dando la batalla para que todo lo peleado hasta ahora no quede en vía muerta.

Con este objetivo, UpyD registró el pasado lunes un recurso de súplica ante el Tribunal Supremo para que revoque la decisión tomada con el caso navarro y permita, más allá de la tipificación de delitos, continuar investigando los indicios que detalladamente argumentó la juez mari Paz Benito en la documentación que envió a Madrid. Aunque inicialmente no cabe recurso contra la decisión del Supremo, la formación magenta alude a la doctrina creada por el Tribunal Supremo en el llamando caso Atutxa en el que el Tribunal acoge la posibilidad de admitir un recurso de la acusación popular. En aquel caso el alto tribunal entendió que el Ministerio fiscal al no ejercer la acusación no agotó el interés público que late en la reparación de la ofensa al bien público. Bajo esta premisa, UPyD pretende extrapolar este caso al navarro y pide que, en los mismos términos, se aplique la posibilidad de recurso a las dietas de Caja Navarra. Aunque son conscientes de que el recurso es de difícil estimación y que lo más probable es que el Supremo lo inadmita conforme al criterio interpretativo mayoritario, desde UPyD han decidido agotar todas las vías posibles para que los responsables de la desaparición de Can se enfrenten también a responsabilidades penales.

Según apunta la formación en su propio recurso firmado por el abogado navarro Diego Paños, la doctrina del Tribunal Supremo y del Constitucional entiende que el interés público ha de ser amparado por los tribunales al ser la parte de la tutela judicial efectiva y por tanto, debe admitirse el recurso. "La denegación del derecho al recurso supondría una vulneración de los derechos constitucionalizados de la acusación popular al serle vetada la posibilidad de recurrir las resoluciones que estime contrarias al interés público en los casos (como el presente) en que el Fiscal no apoye la solicitud de imputación", recoge el recurso.

Sobre la necesidad de continuar con la causa para preservar el interés público, UPyD considera que la corrupción es una amenaza para la primacía del derecho, la democracia y los derechos humanos y ataca los principios de buena administración, equidad y justicia social, falsea la competencia, obstaculiza el desarrollo económico y pone en peligro las instituciones democráticas y los fundamentos morales de la sociedad.

En el recurso se vuelven a exponer todos los indicios que hay para sospechar de las responsabilidades que Barcina y los imputados han tenido sobre la desaparición de Caja Navarra. Ante estos precedentes, UpyD considera que procede mantener la instrucción, admitiendo la imputación de la persona aforada en orden a permitir la averiguación de los hechos, como pidió la juez Benito. Y es que, recuerda UPyD, el archivo ordenado por parte del Tribunal Supremo parece no tener en cuenta que el procedimiento se halla en una fase inicial y se están pendientes de recibirse diversas diligencias de prueba como las actas o las pruebas del Banco de España para determinar si los préstamos concedidos a diversas personas pueden considerarse como privilegiados.

Por ello considera que se debe permitir seguir investigando y que, en todo caso, para rechazar la causa el auto debería haber realizado un análisis más detenido de los posibles delitos y permitir su investigación para poder llegar al fondo y, en su caso decidir si había responsabilidad penal o no.