El Govern catalán atribuye su morosidad a los 8.600 millones de euros que le adeuda el Estado
Afirma que, de recaudar impuestos, se vería "con ánimo de pagar a 30 días"
raquel ugarriza
barcelona. La crítica situación financiera de Catalunya no da respiro a esta comunidad. La intención del Gobierno español de intervenir las autonomías que se demoren más de sesenta días en pagar a sus proveedores ha vuelto a soliviantar a la Generalitat, que culpa precisamente de la morosidad de la administración catalana a las elevadas cantidades que le adeuda el Estado. El conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, cifró ayer en 8.600 millones de euros la cantidad de la deuda que, en su opinión, lastra la capacidad de la Generalitat para cumplir los plazos de pago a sus proveedores.
En este cómputo, el Ejecutivo de Artur Mas incluye las inversiones del Estado pendientes en infraestructuras, aquéllas que consagra la disposición adicional tercera del Estatut. Sin embargo, la interpretación del Tribunal Constitucional de que estas inversiones no son vinculantes para el Estado sino optativas es el argumento que esgrime el Gobierno del PP para no pagar esos adeudos. Ayer Homs añadió a ese cómputo los recursos estatales no transmitidos por "deslealtad institucional" y las medidas adoptadas por el Estado que impiden aumentar los ingresos, como la impugnación de tasas en los casos del euro por receta, los depósitos bancarios y las tasas judiciales. Una situación que provoca una auténtica "asfixia económica", según la tesis del Govern.
En esta situación, el anuncio de que el PP pretende castigar a las comunidades más morosas en el pago a proveedores no hace si no exaltar más los ánimos catalanes, cuya administración es una de las que más se demora en pagar y supera con mucho los tres meses de retraso en los pagos. La futura Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público que prepara el Gobierno de Mariano Rajoy prevé el caso extremo de que el Estado asuma tributos cedidos a las autonomías si estas superan, durante siete meses consecutivos, los treinta días establecidos por ley de plazo de pago a proveedores. Cuando la demora sea de más de sesenta días por un periodo de más de dos meses, el Ministerio de Hacienda podrá aplicar una batería de medidas correctoras, como retener a la comunidad en cuestión recursos financieros para abonar esos pagos. "Estando sometidos a esta asfixia económica, que ahora vengan y digan que se pague a treinta días, no sé si es muy serio", reprochó Homs en declaraciones a Catalunya Radio.
En este sentido el portavoz del Govern apeló al Ejecutivo español a que permita que Catalunya recaude y gestione los tributos catalanes, y entonces la Generalitat "se vería con ánimo de pagar a treinta días". De hecho, dudó de que se llegue al extremo de "intervenir" a Catalunya si no cumple con los plazos de pago, en parte porque el Estado tampoco "es precisamente muy puntual" en sus compromisos.
El conseller catalán de Economía, Andreu Mas-Collel, y el portavoz del Govern, Francesc Homs. Foto: efe
la financiación
l La deuda del Estado. El Govern eleva a 8.600 millones de euros la cantidad que, según sus cómputos, le adeuda el Estado español. Incluye en este cómputo las inversiones estatales pendientes de ejecutar en Catalunya, los recursos no transmitidos por el Estado por "deslealtad institucional" y las medidas de Madrid que impiden aumentar los ingresos, como la impugnación de tasas en los casos del euro por receta, los depósitos bancarios y las tasas judiciales.
l La comunidad más morosa. A falta de cifras oficiales, una encuesta realizada recientemente por la organización de autónomos ATA revelaba que las administraciones públicas catalanas (Generalitat, ayuntamientos, diputaciones y empresas públicas) son las que más tardan en pagar sus facturas a los trabajadores autónomos (153 días) y las que adeudan un mayor cantidad (798 millones de euros). La media estatal se sitúa en 151 días. En la cola, la CAV y Nafarroa, ambas con 38 días de demora.
