vitoria. Con la negociación presupuestaria en su fase decisiva, el Gobierno trabaja con la hipótesis de lograr las abstenciones de PP y PSE, que ha vinculado su enmienda a la revisión de los ingresos para aprobar un proyecto con menos recortes. No obstante, las últimas apelaciones de Patxi López a un gran pacto fiscal parecen apuntar a que el nudo gordiano podría hallarse, más que en la pega del techo de gasto, en la reforma impositiva. Una cuestión que aborda el documento trasladado por el lehendakari a la oposición, y que contempla aspectos novedosos sobre la coordinación en la lucha contra el fraude, una de las reivindicaciones por excelencia del PSE.
Urkullu, quien culminó ayer su primera ronda, ha propuesto un pacto sobre la reforma fiscal y la lucha contra el fraude, un compromiso en torno al destino de los recursos adicionales si los hubiera -pactar en qué políticas podría invertirse una eventual alza de los ingresos una vez aprobado el Presupuesto y cuando se produzca efectivamente ese incremento, y no modificar ya el techo de gasto-, una alianza sobre las políticas públicas -pactar el Plan de Competitividad Empresarial y el de Apoyo a la Actividad Emprendedora, y reflexionar sobre el sistema de protección social-, el adelgazamiento de la Administración -sin reducción traumática de empleo-, y la promesa de admitir buena parte de las enmiendas de los partidos que firmen el acuerdo. Sin embargo, el apartado más concreto y novedoso del documento alude a la fiscalidad.
los instrumentos El lehendakari, que decidió implicarse personalmente en las conversaciones al constatar el bloqueos, propone la creación de una Comisión de Lucha contra el Fraude en la CAV como órgano técnico especializado en la "elaboración y seguimiento de las directrices" anuales a seguir desde las diputaciones, órganos en los que recae la competencia exclusiva de la recaudación, tal y como puntualiza el texto. Esas directrices, a su vez, se recogerán en un Plan Marco de Lucha contra el Fraude, que abarcará también la respuesta punitiva a las conductas fraudulentas, y la "agilización del intercambio de información, en especial de los censos de contribuyentes que tributan conjuntamente en varias administraciones".
Ese intercambio de datos entre las haciendas forales se ha convertido en uno de los mantras del PSE, pero también de UPyD, que ha exigido en más de una ocasión un plan de lucha conjunta contra el fraude. Para zanjar los rumores que apuntan a que Lakua busca la prórroga, el texto dice que esa situación generaría "inseguridad jurídica y económica".
El documento también plantea reformar el IRPF y el Impuesto de Sociedades, aunque siempre preservando las competencias forales y desde el Órgano de Coordinación Tributaria. En cuanto al IRPF, aboga por la progresividad y, sobre el Impuesto de Sociedades, propone mantener las deducciones por empleo o investigación, suprimir aquéllas que no hayan cumplido con su objetivo e introducir fórmulas que potencien la internacionalización o la capitalización empresarial. La reforma debería salir del OCT antes de que culmine el actual periodo de sesiones -en junio-, para que pudiera aprobarse en las Juntas Generales este año, y entrar en vigor el siguiente. Además, pide concertar -acordar con el Estado a quién corresponde la regulación- los nuevos impuestos instaurados por Madrid, como el de juego, el de los depósitos de las entidades de crédito, o el energético.
El texto también recoge el compromiso de pactar el destino de los recursos extra que pudieran llegar en el transcurso de 2013, y siempre después de aprobar las Cuentas. La propuesta solo se refiere a los fondos que llegarían si Bruselas flexibilizara el objetivo de déficit al Estado y Madrid, a su vez, abriera la mano con la CAV. Un dinero con usos limitados, ya que solo podría destinarse a gastos con consideración de inversión -I+D+i o infraestructuras-. En cualquier caso, Lakua pactaría con los firmantes a qué actuaciones en concreto podría destinarse. Fuentes del Gobierno precisaron que en esa propuesta entran también los fondos que puedan llegar por un aumento de la recaudación fiscal.
Sin embargo, se muestran prudentes. El propio lehendakari reconoció ayer en una jornada organizada por Elkargi que los datos de recaudación del primer trimestre se han situado un 5% por debajo de las previsiones de octubre, por lo que propuso que, a partir de los datos de los cinco primeros meses -tras aprobar las Cuentas-, se pueda decidir desde el consenso "qué hacer". Además, pidió a los partidos que no rechacen los Presupuestos sin tener en cuenta esas cifras, que habrían mediatizado su proyecto.
