pamplona. UPN ha difundido un argumentario interno entre las bases del partido en el que subraya su "absoluta confianza" en Miguel Sanz, Enrique Maya y Álvaro Miranda, imputados por el cobro de dietas en Caja Navarra y que deberán declarar ante la juez Mari Paz Benito los días 12, 15 y 16 de abril. El texto muestra un apoyo incondicional a quienes han ocupado y ocupan los principales cargos institucionales de Navarra, y no menciona a la presidenta Yolanda Barcina, que con los tres anteriores fue miembro de la comisión Permanente de Caja Navarra y que por su condición de aforada de momento no ha sido citada a declara.

El argumentario fija el discurso oficial del partido ante el escenario abierto con las imputaciones de los tres dirigentes regionalistas después de que la juez haya apreciado un posible delito de cohecho y prevaricación por omisión por el cobro de dietas y la ausencia de la inspección. Y alecciona a los militantes en el que debe ser su posicionamiento en sus intervenciones públicas durante los próximos días.

En ese sentido, UPN manifiesta su "absoluta confianza en la honradez" de Sanz, Maya y Miranda, y defiende que así "lo avalan sus intachables trayectorias de responsabilidad pública". "Por tanto, por dura y penosa que resulte la situación que están afrontando, en Unión del Pueblo Navarro tenemos el pleno convencimiento de que se demostrará que siempre han actuado en el marco de la legalidad", señala.

Respecto a la actuación de la jueza, subraya que "como partido democrático que es, respeta y acata todas las decisiones judiciales". No obstante, y "sin menoscabo de este respeto", los regionalistas asumen el argumento principal de la defensa de Miguel Sanz, y niega que el Ejecutivo foral fuera el responsable de realizar las inspecciones de Caja Navarra. "UPN no puede admitir que en los últimos años y de forma deliberada, el Gobierno de Navarra haya podido rehusar llevar a cabo la labor inspectora sobre Caja Navarra. Y menos aún que esta supuesta labor inspectora fuera impedida por los representantes de UPN en los órganos de Caja Navarra", afirma. Un argumento que ha hecho suyo el propio Gobierno foral, pese a admitir que contaba con competencias para vigilar el funcionamiento interno de Can, ya que "quien ha hecho la inspección a lo largo de toda la historia siempre ha sido el Banco de España, que tenía atribuida la función".

El argumentario defiende además la legalidad de las dietas cobradas en la Comisión Permanente. Una práctica que, señala UPN, "se remonta al menos a toda la etapa democrática y en la que han participado representantes políticos de todo el arco parlamentario". "Hay que señalar que tales percepciones, además de ser legales, fueron en todo momento declaradas y hechas públicas", defiende.

No obstante, y ante la indignación social por el abusivo cobro de los sobresueldos, que motivó la devolución del dinero, los regionalistas admiten que "con los parámetros actuales, haya quien las considere excesivas o incluso erróneas". Pero "nunca delictivas". "Precisamente porque confiamos en la justicia y en el Estado de Derecho, en UPN estamos convencidos de que finalmente se restituirá el buen nombre de las personas afectadas y de nuestro partido", confía la dirección del partido, que recuerda que "todos los afiliados tenemos motivos suficientes para seguir dispensándoles el máximo apoyo y defender su honorabilidad allá donde sea cuestionada".

Yolanda Barcina, durante su discurso en el reciente congreso de UPN. Foto: efe

El texto defiende que los sobresueldos eran legales, aunque en el actual contexto social puedan ser "erróneos"