"Euskadi tiene un marco constitucional distinto al catalán y esa es la vía que Urkullu explorará"

Bueno, el año ha sido el de las tres erres, recortes, recesión y recentralización, que han traído tres consecuencias fatales: paro, pobreza y tristeza. Es poco lo que encontramos en este momento que resulte mínimamente estimulante para la recuperación de la economía y de la sintonía política.

Ha sido un año de mayoría absoluta en el Congreso que también ha modificado la capacidad de los grupos.

Así es. Yo creo que las mayorías absolutas, y ésta de modo especial, acaban anulando el Parlamento y esto es lo que estamos experimentando. El Gobierno no cree en el Parlamento y considera que es solamente un apéndice puesto al servicio de sus intereses.

Y en relación con el proceso de paz y normalización en Euskadi, ¿qué balance hace de este año?

El Gobierno ha sido más bien inmovilista en relación con este tema, ha sido poco sensible a los requerimientos que le hemos formulado en la medida en que creemos que el Gobierno central tiene un papel importante que desempeñar en una consolidación de la paz que haga que la situación sea irreversible en términos de paz y de normalización política. En esto, el Gobierno está siendo muy, muy remiso. Es cierto que está siendo objeto de vigilancia muy estrecha por sectores inmovilistas que no quieren que en ese terreno se cambien las políticas, pero es evidente que el panorama que vivimos es completamente distinto al de hace dos años y que el cese definitivo de la actividad armada de ETA marca un antes y un después que tiene que traducirse también en medidas positivas por parte de los poderes públicos.

Ya corren los plazos para la investidura de Iñigo Urkullu como lehendakari y una de las primeras cosas que va a hacer es acudir a La Moncloa para reunirse con Rajoy. ¿Están preparando ya esa cita?

Aún no, porque Rajoy está en campaña electoral mirando a Cataluña. A partir del domingo habrá ocasión para retomar muchos temas que ha alterado la campaña, pero yo creo que esa reunión es obligada en un momento en el que se produce un cambio de Gobierno, se pone en marcha un Parlamento efectivamente representativo y que opera por primera vez en un contexto de paz… Y como el programa que ganó las elecciones incluía un compromiso con la paz y otro con el autogobierno, esos son asuntos que requieren un consenso amplísimo que no puede excluir a quienes mandan en el Estado. De ahí que la agenda de contactos que contempla Iñigo Urkullu incorpore una reunión con el presidente del Gobierno para empezar ya a trabar las bases de lo que puede ser un cimiento consensual de cara al diseño de la Euskadi del futuro, de la Euskadi post ETA, en la definición de este marco de convivencia por construir.

¿Cómo cree que nos puede afectar los pasos que va dando Cataluña?

Hay muchos paralelismos entre el proceso que están viviendo los catalanes y el que vivimos nosotros hace una década. Es cierto que desde el Gobierno se esgrime una reacción hipotética del Tribunal Constitucional que a su juicio frenaría esta iniciativa promovida por Convergencia i Unió blandiendo la sentencia que el Tribunal Constitucional dictó en relación con la Ley de Consulta vasca. Pero la identidad no es total. Euskadi y Catalunya son naciones que tienen aspiraciones compartidas, pero son naciones distintas que viven realidades completamente diferentes y, por tanto, los caminos que tenemos que desarrollar unos y otros para alcanzar nuestro pleno autogobierno no siempre coinciden.

¿Cuál puede ser por tanto la baza de Urkullu cuando acuda a La Moncloa para diferenciar la respuesta que pueda dar el presidente?

Bueno, nosotros tenemos unas previsiones en el marco constitucional que son específicas. En la fase constituyente pusimos sobre la mesa la necesidad de que la norma constitucional reconociera los derechos históricos porque éramos conscientes de que teníamos detrás una historia política vinculada con el autogobierno que no era extensible a ningún otro territorio y que podía darnos un marco singular para el desarrollo del autogobierno. Por eso, creo que el enganche normativo en el que podemos aferrarnos para poder avanzar en el autogobierno tiene que ser necesariamente ese, que tiene total sustrato constitucional, que es perfectamente legal, y que permite hacer todo aquello a lo que la voluntad política esté dispuesta.