Vitoria. El fin de la dispersión de los presos a cambio de la disolución de ETA y la entrega de las armas. No es la primera vez que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, enuncia esta posición del Gobierno -otras veces, como ayer, en los pasillos del Congreso, no en la tribuna-, pero sí la primera desde que el Colectivo de Presos, EPPK, anunció las conclusiones de su debate interno y después de que el pasado fin de semana la asociación Voces contra el Terrorismo, dirigida por Francisco José Alcaraz, protagonizara en Madrid una protesta contra el Plan de Reinserción activado por Interior.

Un escenario al que ayer se unió la detención en Roma de Lander Fernández y los informes policiales publicados, según los cuales la organización armada no tendría intención de disolverse sino que reserva la entrega de las armas y el futuro de los presos para una negociación con el Estado de las "consecuencias del conflicto", en la misma línea que la declaración que hizo pública el EPPK hace diez días, en la que se vinculó la "solución "integral al conflicto" con la amnistía. Y el ministro retomó ayer el mismo discurso que esgrimió, sin ir más lejos, en la clausura del Congreso de Memoria y Convivencia organizado por el Gobierno Vasco a mediados de mayo. Que los presos pidieran la "disolución incondicional" de ETA sería la condición previa para, "a partir de ese momento, reconsiderar la política de dispersión y en consecuencia esas quejas de los presos y sus familiares se eliminarían".

Unas palabras que tuvieron inmediata contestación por parte de la Asociación de Víctimas del Terrorismo: "Frases como está en su mano que la política de dispersión finalice muestran la debilidad del Estado de Derecho y supone una cesión a las pretensiones de los terroristas", advirtió la asociación antes de preguntar por qué ETA "va a dirigir la política antiterrorista".

Y es que el Gobierno de Mariano Rajoy se ha encontrado con un problema, a la hora de gestionar su política antiterrorista, en el discurso que alimentó en otro tiempo entre el colectivo de víctimas. Cualquier movimiento se ve desde este sector como una rendición, incluso aunque no suponga mayor alteración de la legislación vigente como el propio Plan de Reinserción. Una circunstancia que le supone un desgaste y que ha provocado en el pasado que el ministro se haya visto obligado a matizar sus palabras para apaciguar ese flanco. Sin ir más lejos, el propio ministro respondió a una pregunta directa de Amaiur en el Congreso sobre la situación de los presos el pasado 16 de mayo en la que evitó hablar de la política dispersión para simplemente insistir en que el Gobierno no tiene nada que hablar con ETA y que sólo espera la comunicación de su disolución incondicional.

En ese permanente ejercicio de nadar y guardar la ropa, de ir virando el trasatlántico y al tiempo hacer ver que todo sigue igual, apenas hace dos semanas fuentes del PP admitían que, tras el cese de la violencia anunciado el 20 de octubre, la actual política de dispersión "no tiene sentido". Por su parte, la portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, mostró ayer su extrañeza por la oferta del ministro porque, según recordó, el Gobierno del PP "tiene un Plan de Reinserción".