Madrid/Londres. Amnistía Internacional (AI) expresó ayer su preocupación por que la crisis económica que atraviesa España "pueda convertirse en una crisis de derechos humanos" por la adopción de medidas que limiten el derecho a la salud, la educación, la libertad religiosa o de expresión.

Así lo advirtió ayer el director de la organización en España, Esteban Beltrán, en la rueda de prensa de presentación del informe de 2012 sobre el estado de los Derechos Humanos en el mundo. El director de AI hizo un llamamiento al Gobierno sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a la hora de controlar las "manifestaciones pacíficas" de los "indignados" del Movimiento 15-M celebradas en toda España entre mayo y agosto de 2011 para reclamar un cambio político y social.

"Cualquier Estado tiene la obligación de reprimir las manifestaciones violentas, pero debe tener también mucho cuidado con que la disolución de protestas pasivas no tenga un impacto sobre la libertad de expresión", así se trate de "las formas más molestas de protesta, como las sentadas o acampadas", advirtió.

Por otro lado, para AI, la crisis y los ajustes no pueden ser la excusa para recortar al acceso a la atención sanitaria, para que descienda el nivel de protección de las mujeres víctimas de violencia machista u para que se lleven a cabo desalojos forzosos sin alternativa de alojamiento o compensación, aspectos negativos que supusieron el cambio de Gobierno. Por otra parte, también destacó aspectos positivos como la circular de la Policía de que no se realizarán redadas indiscriminadas de inmigrantes, que se haya mantenido el Plan Nacional de Derechos Humanos y se esté avanzando en la elaboración de un reglamento de funcionamiento de los Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE).

En su informe anual, con datos relativos a 2011, la organización pro derechos humanos también señaló que "España siguió desoyendo" las peticiones para que ponga fin a la detención en régimen de incomunicación de los sospechosos de terrorismo y continuaron produciéndose "controles discriminatorios de identidad, centrados específicamente en personas pertenecientes a minorías étnicas.

torturas El informe también denuncia la persistencia del régimen de incomunicación que permite a las autoridades detener a un sospechoso de delitos de terrorismo durante 13 días sin ningún tipo de contacto, ni acceso a un médico de su elección o información, lo que supone "un agujero negro sin supervisión, que propicia la tortura".

La lentitud con que se investigan o juzgan las denuncias por torturas o malos tratos policiales es otro de los asuntos destacados en el informe, como lo es la tendencia detectada en Cataluña de discriminar a los musulmanes. Así, la prohibición del uso de velo integral en lugares públicos y las dificultades administrativas para establecer centros religiosos suponen -en opinión de AI-son "limitaciones a la libertad religiosa y de expresión".

Asimismo el caso contra el juez Baltasar Garzón por su investigación de la desaparición de víctimas del franquismo también aparece en el informe de AI junto a los 13 casos de presuntos delitos de derecho internacional cometidos fuera de España contra ciudadanos españoles que denunciaron "avanzan con mucha lentitud y se enfrentan a obstáculos considerables" en la Audiencia Nacional.