vitoria. Antes de que finalice la legislatura, Euskadi contará con una nueva herramienta que coordinará la respuesta institucional dirigida a preservar la memoria de las víctimas y defender los valores de la paz. Así lo esperan los firmantes de la proposición no de ley que ayer quedó registrada en el Parlamento Vasco y que desembocará en el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos.

PNV, PSE, Ezker Anitza y los tres parlamentarios expulsados recientemente de Aralar rubricaron -a título personal en el caso de los últimos- el inicio de la tramitación que, vista la mayoría parlamentaria que suman entre todos, debería culminar antes de que concluya la actual legislatura, sea cual sea la fecha elegida por el lehendakari para convocar la nueva cita con las urnas. Pero más allá de los apoyos, las miradas también se giran hacia las ausencias en la propuesta inicial, ya que el trabajo que durante meses han completado los representantes parlamentarios para germinar esta iniciativa no ha sido suficiente como para sumar a los extremos, desde el punto de vista ideológico, de la Cámara vasca.

El PP y los socios de la izquierda abertzale en Amaiur que cuentan con presencia en el Legislativo, Eusko Alkartasuna y Aralar, no añadieron sus firmas al inicio de la tramitación parlamentaria de la proposición; ausencias significativas cuyo peso actual en el reparto de fuerzas del Parlamento Vasco no computa una mayoría, pero que podría variar ostensiblemente con la incorporación de la exBatasuna a las planchas que concurran en la próxima cita electoral.

Conscientes de que un asunto de estas características ostenta gran parte de su eficacia futura en el grado del consenso alcanzando para su materialización, los firmantes de la proposición no claudican en su empeño de incorporar nuevos compañeros de viaje a esta iniciativa que en su exposición de motivos hace hincapié en "al menos tres experiencias traumáticas" que ha sufrido la sociedad vasca en los últimos cien años: "la Guerra Civil, la dictadura franquista y la lacra del terrorismo". Añade, en su enunciado, "otros sufrimientos injustos padecidos en un contexto de violencia de motivación política".

Ante este escenario, los populares, así como el único aforado de UPyD, atisban una equiparación entre víctimas políciales y las de la banda terrorista que no están dispuestos a admitir, ya que, en su opinión, también alimenta la teoría del "conflicto" que el PP no comparte.

EA, por su parte, considera que la iniciativa nace "viciada porque ha sido pactada en privado, buscando protagonismos innecesarios y sin abrirla a posibles acuerdos". No obstante, Juanjo Agirrezabala anunció a través de un comunicado que participará con enmiendas en la tramitación de la misma.

Aralar, inmersa en su pugna interna con los parlamentarios expulsados, valoró que la propuesta es "precipitada" y la calificó como un "punto de partida débil y mejorable, para dotar al tema de las víctimas de un punto de vista realmente integrador e inclusivo".

Organigrama del instituto A falta de saber si las enmiendas modificarán el texto presentado ayer, en la proposición se destaca que el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos estará adscrito al Gobierno Vasco, aunque no se matiza a qué departamento. En teoría, el titular del área elegida ejercerá de presidente, mientras que también habrá un director y un consejo directivo compuesto por 27 miembros, 14 de nombrados por el Ejecutivo, lo que asegura la presencia mayoritaria del gabinete autonómico.