vitoria. Ni violadores ni pederastas, el Gobierno español limitará la aplicación de la "prisión permanente revisable" a los condenados por terrorismo. Esta cadena perpetua encubierta será introducida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para poner coto a las excarcelaciones que generan "gran alarma social", aunque sólo se aplicará a los presos de ETA y a los yihadistas porque, según indicó ayer Alberto Ruiz-Gallardón, en el resto de los casos es complicado acreditar que quienes cometen los delitos no volverán a incidir tras recuperar la libertad.
En un desayuno informativo de Europa Press, el ministro de Justicia ofreció más pistas sobre la reforma del Código Penal en la que está trabajando su Gobierno. Y después de que el Tribunal Constitucional avalara la doctrina Parot al rechazar casi la totalidad de los recursos presentados por los presos de ETA, el titular de Justicia dejó claras así cuáles son sus preferencias.
En relación con el seguimiento penitenciario de los condenados por delitos terroristas, Gallardón aseguró que, pese a los errores que pueda presentar cualquier sistema de vigilancia penitenciaria, en este tipo de conductas sí se puede acreditar fehacientemente "que hay una decisión de abandono de esa actividad terrorista, y por lo tanto el cumplimiento de la reinserción". Algo que Instituciones Penitenciarias ya aplica a los presos de ETA, ya que los reos que se han desmarcado de la violencia -a través de la vía Nanclares- pueden acogerse a beneficios penitenciarios si los solicitan de manera individual. Todo lo contrario que los integrantes del Colectivo de Presos de la organización armada, a quienes el Gobierno español ya ha advertido de que no habrá medidas de gracia a nivel colectivo.
En este sentido, Gallardón especificó que la cadena perpetua "revisable" sólo puede aplicarse a los casos en que la sociedad considere que la pena impuesta al reo no es suficiente para el daño causado. Hay que recordar que en el Estado español ya existen penas de hasta 40 años para casos en los que el condenado haya cometido dos o más delitos castigados con penas superiores a los 20 años o haya sido condenado por dos o más infracciones de tipo terrorista, lo que supone de facto cadena perpetua porque implican el cumplimiento efectivo de 32 años.
Por otra parte, ante las voces que cuestionan la permanencia de la Audiencia Nacional tras el fin de ETA, el ministro de Justicia advirtió de que ésta tendrá un papel "absolutamente protagonista en el futuro".
