vitoria. Los abogados que presentaron la querella contra Baltasar Garzón por los cobros que recibió mientras impartió unos cursos en Nueva York, pedirán que el juez sea acusado de un delito de extorsión, castigado con pena de cárcel, en el recurso que presentarán contra el auto que da por concluida la instrucción. Así lo anunciaron en una nota los letrados Antonio Panea y José Luis Mazón en respuesta al último comunicado, en el que Garzón rechazaba las acusaciones del instructor en el Tribunal Supremo, Manuel Marchena, que le imputa un delito de cohecho impropio. En ese mismo comunicado Garzón acusaba al instructor de construir "interpretación sesgada, parcial y no verdadera" de la causa y de hacer afirmaciones "tan graves como inciertas".

Según los querellantes, Garzón "se coloca en una postura insostenible al negar la evidencia de sus solicitudes de patrocinios a grandes empresas, exclientes o potenciales clientes de la Audiencia Nacional, que constan acreditadas en el proceso". Los dos abogados, que ejercen la acusación popular en la causa abierta al juez por el patrocinio por parte de cinco entidades de sus cursos en Nueva York durante 2005 y 2006, insisten en que Garzón solicitó 2.595.375 dólares y obtuvo por sus gestiones 1.237.000. "Garzón está negando la evidencia olvidando las variadas pruebas que le incriminan, entre ellas la famosa carta de Querido Emilio de enero de 2006, en la que pide al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, que le autorice un presupuesto económico para los cursos que él dirige, y de cuyos fondos se pagó el salario de su asistente personal", indicaban.

A juicio de los querellantes, Garzón uso su cargo para pedir fondos a grandes empresas, como Telefónica, BBVA, CEPSA y ENDESA, que "tuvieron o pueden tener casos en su juzgado, con lo que incurrió en una conducta penalmente prohibida y no sólo a título de cohecho". En el comunicado, califican dicha conducta de "incompatible con la deontología y obligaciones de un juez y hasta de un ciudadano, por picaresca ocultación de su segundo sueldo".

No más pruebas Esta noticia coincidió ayer con la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena de denegar las últimas pruebas solicitadas por Garzón. Entre ellas, la defensa de Garzón había solicitado la declaración como testigo del asesor Angel Luis Durán, "a los efectos de aclarar su cumplimentación del impuesto de patrimonio del ejercicio 2002, por si cupiera todavía alguna duda sobre el hecho cierto de que el investigado disponía en Nueva York de una única cuenta abierta en Citibank".

Garzón deberá comparecer hoy mismo en la sede del Supremo para declarar en el caso de la investigación de los crímenes del franquismo si, como se espera, se rechaza su petición de nulidad de este proceso.