PAMPLONA. Ramírez, presidente de Eusko Alkartasuna (EA) en Navarra, y la también diputada Aitziber Sarasola se han desplazado hasta la sede del tribunal junto a una veintena de cargos y simpatizantes de la coalición para acompañar a Eizmendi, que declara ante el juez Pablo Ruz por los actos de apoyo a ETA que presuntamente se cometieron el pasado 10 de agosto, durante el chupinazo que dio inicio a las fiestas patronales de San Tiburcio.
"Se trata de imputaciones que no tienen ni pies de cabeza, que son de chiste y que tendrían gracia si no fuese porque tres ciudadanos de Euskal Herria navarros tienen que comparecer aquí para declarar ante una acusación que tiene enorme gravedad y que es fruto de un montaje", ha asegurado.
PROXIMO JUICIO Ramírez, no obstante, ha eludido responder si algún representante de Bildu acudirá al juicio por el asesinato en 2001 del concejal de UPN en Leitza, José Javier Múgica, que se celebrará los próximos días 2, 3 y 4 de noviembre en la Audiencia Nacional y ha insistido en que "en este momento estamos ante una acusación que no tiene ni pies ni cabeza y está basada en montajes periodísticos". "Eso es lo que está sucediendo hoy en la Audiencia Nacional y lo que queremos denunciar", ha afirmado.
En este sentido, ha defendido que tanto Eizmendi, imputado por incluir en el programa de fiestas un brindis a los presos etarras, como las otras dos encausadas, María Lourdes Juantorena Baleztena y Saioa Iraola Urkiola, que aparecieron en el balcón del Ayuntamiento luciendo sendas camisetas con la imagen de la presa etarra Jone Lozano, "estuvieron legítimamente ese día celebrando las fiestas".
De igual modo, ha realizado un "emplazamiento" al Gobierno de Navarra y a las instituciones del Estado para pedirles que "estén a la altura de las circunstancias" para que "este tipo de episodios y falsas imputaciones sean cosa del pasado" y apuesten por "un escenario de normalización y pacificación política".
RUEDA DE PRENSA EL MIÉRCOLES El alcalde de Leitza, Oier Eizmendi (Bildu), que está citado hoy en la Audiencia Nacional para declarar por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo, consideró ayer en rueda de prensa que su imputación obedece a "intereses partidistas".
Eizmendi aseguró que no vio "absolutamente nada" de los actos en apoyo a los presos que se realizaron coincidiendo con el inicio de las fiestas de la localidad, y aclaró que no ha sido acusado por este motivo, sino por la inclusión en el programa oficial de dos actos de solidaridad con los presos en los que -precisó- no participaron miembros del Ayuntamiento.
Arropado por los parlamentarios de Bildu Bakartxo Ruiz y Koldo Amezketa y por el teniente de alcalde de Leitza, Aitor Etxarri, el primer edil recordó que en las fiestas "siempre ha habido actos a favor de los jubilados y los presos y nunca ha habido problemas", al tiempo que subrayó que las fiestas transcurrieron "con normalidad".
También declaran hoy ante el juez Pablo Ruz, acusadas del mismo delito, Lourdes Juantorena Baleztena y Saioa Iraola Urkiola, imputadas por exhibir desde el balcón del ayuntamiento durante el chupinazo camisetas con la foto de la presa de ETA Jone Lozano.
"dinamitar el proceso" Bakartxo Ruiz, por su parte, denunció "la gravedad" que supone que un alcalde "democráticamente elegido" tenga que declarar por estos hechos, lo que calificó de "atropello". Además, estimó que con estas actuaciones, "que están fuera de lugar", "parece que desde la Fiscalía se quiere dinamitar el proceso de normalización política". Ruiz, que pidió al Gobierno de España que "dé pasos para avanzar" en esta dirección, entiende que "no se puede decretar como delito la defensa de los derechos de los presos".
Su compañero Amezketa, presente en Leitza el 10 de agosto cuando se iniciaron las fiestas, destacó "la normalidad" con la que se vivió el chupinazo y enmarcó esta actuación judicial en que "se ha abierto la caza contra Bildu". Aseguró que, pese a ello, seguirán "trabajando por la normalización".
También Aralar dio su apoyo a los imputados, a través de un comunicado, en el que pide que se retiren las acusaciones elaboradas a partir de las diligencias abiertas por la Policía Foral.
"Este hecho pone de manifiesto que UPN y PSN tiene una obsesión enfermiza y carecen del sentido del ridículo después del fracaso y desautorización que recibió de la Audiencia Nacional cuando hace dos años montaron el mismo espectáculo en Berriozar", se lee en la nota emitida por Aralar, que acusa a UPN de "utilizar" la Policía Foral "como si fuera de partido, pero financiada con el dinero de todos".
