Madrid. El PSOE y el PP apuran las últimas horas para pactar una propuesta de reforma constitucional que establezca una disciplina fiscal sin incluir ningún tope de déficit, en función de una propuesta efectuada por el candidato socialista a la Moncloa, Alfredo Pérez Rubalcaba, aceptada por el Partido Popular.
El plazo para presentar una proposición de ley conjunta expira hoy, cuando cierre el registro del Congreso, para que haya tiempo de que se tramite por la vía de urgencia y en lectura única la próxima semana.
Tras las voces críticas surgidas en el PSOE por este tema, Rubalcaba decidió el miércoles tomar las riendas de la negociación con el PP y ayer propuso una fórmula para que en la reforma se hable de disciplina de gasto, pero sin incluir cifras de límite de déficit, que se fijarían en una ley orgánica posterior. Fuentes del PP reiteraron su disposición para llegar a un entendimiento, "aunque sea sin incluir una cifra". Las mismas fuentes recordaron que quien había planteado una cifra para incluirla en la Carta Magna era el Gobierno, no el PP, por lo que emplazaron a Rubalcaba a ponerse de acuerdo con el Ejecutivo en este sentido.
De hecho, el PP sostiene que las negociaciones las llevan directamente el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy.
La coordinadora de la campaña electoral del PSOE, Elena Valenciano, restó importancia a la división interna, un hecho "relativamente grave", en la medida en que es comprensible que se haya generado un debate, y más en un partido como el suyo, "que debate abiertamente".
En principio, la fórmula sugerida por Rubalcaba fue acogida con buenos ojos entre las filas socialistas, algunos de cuyos diputados se habían cuestionado la conveniencia de introducir constitucionalmente una regla de gasto. Aunque algunos dirigentes discreparan de la idoneidad de la reforma.
El secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, dijo ayer , a través de su cuenta de Twitter que, si hay alguna razón que impida someter a referéndum la anunciada reforma constitucional, habrá que explicarla porque, "si no se hace, nadie la entenderá" y la mayoría social estará en contra, "yo el primero". Asimismo, el secretario general de los socialistas madrileños y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Tomás Gómez, manifestó ayer su "escepticismo"con cualquier medida que "supedite el Estado de Bienestar". Aunque cree que en esta ocasión "no es un tema de referéndum", Gómez aconsejo "un debate muy serio" para plantear esta reforma.
La receta del candidato socialista, según varios diputados del PSOE, permitirá controlar el déficit sin poner en riesgo las políticas sociales en coyunturas económicas adversas.
Uno de los "padres" de la Constitución, el expresidente del Congreso Gregorio Peces Barba, respaldó la reforma, siempre que se incluyan límites que impidan recortes en educación, sanidad y protección social.
Si se aprueba sin esos "matices", a su juicio, el PP podría "entrar a saco" en asuntos como el copago sanitario o la Seguridad Social si llega al Gobierno.
¿rEFERÉNDUM? Sobre esta posibilidad habló ayer la encargada de la ponencia política del PSOE, la exministra Cristina Narbona, quien subrayó que esta opción "existe" y que su celebración dependerá de que se alcance un "amplio" consenso parlamentario.
Quien tiene muy claro que un referéndum acarrearía más problemas de los que resolvería es el eurodiputado del PSOE Juan Fernando López Aguilar. También lo rechazó la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, con el argumento de que se trata de una reforma "muy técnica" como para convocar una consulta popular.
Desde el ámbito autonómico, al que también afectaría esta disciplina fiscal, los presidentes de Andalucía, José Antonio Griñán (PSOE), La Rioja, Pedro Sanz (PP), y Canarias, Paulino Rivero, han apostado por la flexibilidad. Griñán indicó que "sería un error grave concretar una cifra de déficit o de endeudamiento, que por otro lado ya está establecido en el pacto de estabilidad y crecimiento".
