vitoria. Tan sólo un día después de aterrizar en suelo vasco, los integrantes del Grupo Internacional de Contacto (GIC) comprobaron ayer que su labor para agilizar y posibilitar la normalización política en Euskadi no va a ser sencilla. El primer escollo llegó desde Lehendakaritza, donde rechazaron mantener un encuentro con los miembros de este foro al que restan cualquier "valor añadido" para encauzar el final del terrorismo y cimentar las bases del futuro de este país.

La portavoz del Ejecutivo autonómico, Idoia Mendia, conocedora de las líneas estratégicas anunciadas por este grupo minutos antes en una rueda de prensa en Bilbao, afrontó su intervención semanal tras el Consejo de Gobierno con un claro mensaje en el que no deja lugar a dudas sobre la posición que los socialistas defienden ante esta iniciativa. En su opinión, la sociedad y las instituciones vascas son lo suficientemente "maduras" como para decidir por ellas mismas sin que los mediadores internacionales aporten su experiencia en el conflicto vasco. Es más, ante un supuesto apoyo de las diputaciones a esta iniciativa, Mendia valoró que si los entes forales -gobernados por el PNV- actúan de esta manera será porque "considerarán que son inmaduros". Por si quedaba alguna duda, la portavoz socialista recordó que el Gabinete López no ha pedido nada a este Grupo de Contacto y si recibiera una invitación para reunirse con el mismo la rechazaría.

Y es que los socialistas se muestran convencidos de que la experiencia que los integrantes de esta iniciativa acumulan en la resolución de conflictos como el vivido en Irlanda del Norte "no tiene nada que ver" con la realidad vasca, por lo que no aportan ningún "valor añadido" ante un problema que sí conocen, según Mendia, las instituciones vascas.

El contundente portazo del Gobierno Vasco al grupo de expertos mediadores promovido por el abogado surafricano Brian Currin es común entre las demás fuerzas constitucionalistas, mientras que desde el PNV se considera una "buena" iniciativa, aunque siempre que sus protagonistas sean conscientes de cuál es el papel que deben jugar.

En este sentido, el presidente jeltzale, Iñigo Urkullu, abogó en los micrófonos de Onda Vasca-Grupo Noticias por priorizar el trabajo de los partidos políticos vascos, porque la relación "normalizada" entre las formaciones derive en la "normalización de la convivencia política". Sobre estas bases sitúa Urkullu la aportación añadida de la experiencia internacional, aunque teniendo en cuenta que los procesos llevados a cabo en otros países pueden servir como referencias para encauzar el trabajo a realizar en Euskadi, pero nunca como modelos.

análisis de la situación Ajenos a estas visiones sobre su trabajo, integrantes del GIC desgranaban en un hotel bilbaíno, en compañía del abogado Brian Currin, las líneas anunciadas de antemano en la que se implicarán a partir de ahora. El propio mediador surafricano, la embajadora irlandesa para la resolución de conflictos, Nuala O"Loana; el que fuera secretario general de Interpol, Raymond Kendall; y el profesor suizo experto en derechos humanos Pierre Hazan fueron los encargados de presentar el reto de posibilitar la legalización de la nueva marca de la izquierda abertzale y sembrar las bases de la normalización política en Euskadi a través de la revisión de la ley antiterrorista y la política penitenciaria, entre otros aspectos.

Estos dos últimos puntos están enmarcados en su intención de "generar medidas de confianza", una aspiración que se debe traducir en poner fin a la política de dispersión de presos de la organización terrorista y la excarcelación de los reclusos que se encuentren gravemente enfermos. O"Loana declaró ante los periodistas que "en este momento no tenemos ninguna petición para ETA, lo que estamos haciendo en este momento es desarrollar este proceso".

Asimismo, la embajadora afirmó que este grupo se prestará a "animar y asistir a los partidos" en el transcurso de "conversaciones y negociaciones sin condiciones y sin un resultado predeterminado" con el propósito de "conseguir un acuerdo de paz inclusivo", un camino que debe completarse en "total ausencia de violencia".

En lo que respecta al proceso de verificación, Currin matizó que "será muy improbable" que los propios miembros del grupo "se encarguen de esta labor, ya que ellos se centrarán en el análisis de la situación. El abogado anunció que la próxima reunión del grupo será en marzo y avanzó que informarán de todos sus acuerdos mediante una página web que ya está operativa.